La vigilancia de Naciones Unidas a la seguridad social de Guatemala, en la mira del Gobierno

Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) le costaba 14,40 quetzales (1,87 dólares) cada pastilla del medicamento para tratar la acidez estomacal, el lansoprazol. Eso fue antes de 2015, cuando en la institución encargada de la salud de los trabajadores guatemaltecos se desarrollaba una trama de corrupción en la compra de medicamentos. También antes de que Naciones Unidas, a través de la Oficina de Proyectos y Servicios (UNOPS, por sus siglas en inglés), comenzara a vigilar las adquisiciones gubernamentales. Este año, la institución adquirió la misma píldora en nueve centavos de quetzal (un centavo de dólar). Carlos Contreras, director del IGSS, reconoce a EL PAÍS que pese a que las asesorías de Naciones Unidas han contribuido a minimizar la corrupción en la institución, la presencia de la agencia podría estar en riesgo.

El escenario en el sistema de seguridad social ha cambiado drásticamente en tan solo tres años. En 2015, el 68% de las compras de medicamentos se concentraban en nueve empresas que representaban a cuatro grandes grupos empresariales. “Había precios exorbitantes”, cuenta Contreras. El control de los contratos estaba en pocas manos y quienes ganaban las licitaciones, generalmente, eran los mismos. La competencia era prácticamente nula. El director del IGSS explica que este sistema estaba respaldado por licitaciones muy generosas y procesos poco transparentes que resultaban en sobrecostes a cuenta de los presupuestos públicos.

En la más reciente licitación de medicamentos participaron 82 empresas y se ha conseguido que los insumos tengan precios más bajos, entre un 50% y un 4.000%. El ahorro está calculado en 480 millones de dólares en los últimos tres años y medio.“Ese dinero de ahorro nos permitió empezar a tener salarios más competitivos para los médicos”, señala Contreras. Desde el inicio de la participación de Naciones Unidas en 2016, el IGSS ha evaluado prácticamente toda la cadena del proceso de adquisición de medicamentos. Contreras apunta que también se ha mejorado la supervisión del proceso de almacenaje y control de calidad de estos productos. “La junta directiva retomó el control sobre las adquisiciones de medicamentos, ese es el paso fundamental y la fortaleza más grande que adquirimos”, añade.

La realidad guatemalteca, sin embargo, ha comenzado a tocar la reestructuración para sanear la seguridad social. “Hemos empezado a resentir algunas presiones institucionales externas, por ejemplo en el seno de la Contraloría General de Cuentas, no podemos generalizar, pero sí hemos notado que hay una presión adicional en contra de UNOPS y en contra de toda esta estrategia”, denuncia el director del IGSS. Esta no es la primera vez que una agencia de Naciones Unidas está bajo la mira del Gobierno guatemalteco: en agosto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) —creada para fortalecer al sistema de justicia del país centroamericano— echó el cierre tras 12 años de trabajo y bajo las presiones del presidente Jimmy Morales. Sus investigaciones comenzaban a tocar las más altas esferas del Gobierno.

El próximo 14 de enero la presidencia pasará a manos de Alejandro Giammattei, considerado como el heredero político de Morales, y aunque la actual directiva del IGSS ha sido designada en el cargo hasta 2021 y tiene previsto continuar con el saneamiento de la institución, el futuro de la colaboración con Naciones Unidas es una incógnita. “Estoy convencido de que corre riesgo”, alerta Contreras. El IGSS atiende a 4,5 millones de personas de entre los casi 17 millones de guatemaltecos.

Naciones Unidas ha proporcionado diagnósticos externos y auditorías a los procesos de compra de medicamentos del IGSS. Según Transparencia Internacional, Guatemala ocupa la posición 144 de los 180 países evaluados en su ránking de corrupción.