EE UU sanciona al ejecutor de la Operación Limpieza que dejó decenas de muertos en Nicaragua

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves que ha impuesto sanciones a tres funcionarios cercanos al régimen del presidente Daniel Ortega, a quienes Washington acusa de estar íntimamente relacionados con la brutal represión desatada contra las protestas que el año pasado surgieron en todo el país para exigir el fin del mandato del ex guerrillero sandinista, que gobierna Nicaragua con mano dura desde 2007. Para el Gobierno estadounidense estos funcionarios están involucrados en violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción que afectan al sistema de seguridad social nicaragüense.

Se trata del subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán, quien es considerado el ejecutor de la llamada Operación limpieza, un operativo conjunto de policías y paramilitares destinado a derribar las centenares de barricadas levantadas a lo largo de esta nación como forma de protesta. Centenares de camionetas con hombres encapuchados y portando armamento de alto calibre —armas de uso exclusivo del Ejército, entre ellas lanzacohetes y granadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— irrumpieron desde inicios de julio del año pasado las ciudades rebeldes del país, dejando una estela de muerte y destrucción. Al menos 21 personas fueron asesinadas en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, localizadas a unos 40 kilómetros al sur de Managua. Otras decenas murieron en Masaya, el bastión rebelde del país, donde las fuerzas progubernamentales se ensañaron con su población. Centenares fueron encarcelados y miles huyeron hacia el exilio. "La voz de nuestro presidente [Ortega] y la vicepresidenta [Rosario Murillo], de ir limpiando estos tranques [barricadas] a nivel nacional, vamos a cumplirla al costo que sea", afirmó Avellán el año pasado.

Estados Unidos justificó la decisión de sancionarlo afirmando que Avellán forma parte de una institución relacionada con actos de violencia y abusos a los derechos humanos contra quienes desde abril del año pasado se unieron a las protestas contra Ortega. Washington también alega que el oficial apoyó medidas represivas y condujo arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de opositores. "Los ataques de fuerzas de la policía y parapolicías bajo su mando dejaron 107 muertos y miles de heridos", afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial. La CIDH ha documentado 325 asesinatos durante el año pasado, pero organizaciones de derechos humanos de Nicaragua afirman que la cifra puede ser mayor. Un informe de expertos independientes de la CIDH —expulsados del país por órdenes de Ortega en diciembre del año pasado— señala que en Nicaragua se cometieron "crímenes de lesa humanidad".

Además de Avellán, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), institución controlada por Ortega y acusada de organizar fraudes electorales a favor del mandatario y su partido, el Frente Sandinista. "El CSE sigue envuelto en tácticas antidemocráticas para asegurar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluyendo ordenar a trabajadores públicos votar por Ortega y por los candidatos del FSLN", alega el Departamento del Tesoro.

Las sanciones también incluyen a Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), institución que según Estados Unidos ha sido usada por sus directivos para realizar transacciones relacionadas con "prácticas engañosas o corruptas" en nombre del Gobierno, que incluyen apropiación indebida de bienes privados para beneficiar a funcionarios públicos o para "propósitos políticos", así como corrupción relacionada con contratos gubernamentales y sobornos. "El INSS es uno de los principales vehículos para facilitar la corrupción y ha sido usado para proveer al Gobierno de fondos ilícitos", afirma el documento del Departamento del Tesoro, que señala a la institución por estar implicada en escándalos de corrupción y lavado de dinero bajo la vigilancia de López. Según Washington, el director del INSS ha usado sus fondos para financiar millonarias inversiones en el sector inmobiliario, así como para beneficiar con millonarios contratos a constructoras y empresas farmacéuticas de personas ligadas al Gobierno. 

Como resultado de la decisión de este jueves —se explica en el comunicado oficial— "todos los bienes e intereses económicos de estos individuos, y de cualquier entidad que sea de su propiedad, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben tratos de estadounidenses dentro (o en tránsito) de  Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés de personas sancionadas". La Oficina de Control de Activos Extranjeros es la encargada de implementar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.

Nicaragua vive desde abril del año pasado la peor crisis política desde el fin de la guerra civil en los años ochenta. A los centenares de muertos se suman más de 70.000 exiliados y más de 200.000 personas desempleadas como consecuencia del negativo impacto que la situación ha tenido sobre la débil economía del país. Ortega se ha rehusado a negociar una salida a la crisis, mientras el país vive una suerte de estado de sitio, con la prohibición total de cualquier tipo de manifestación. EE UU ya había sancionado a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, a uno de sus hijos, Laureano Ortega, y al jefe del Parlamento, Gustavo Porras.