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El Fondo Monetario Internacional se ve sumido en la campaña argentina. La delegación del organismo que controla estos días las cuentas del país es presionada por ambos lados. El candidato de la oposición, Alberto Fernández, acusa al FMI de ser “corresponsable” de la “catástrofe social” que sufre el país y le exige que corrija la política de austeridad que pactó con el gobierno de Mauricio Macri. El Gobierno, por su parte, presiona a la delegación para que apruebe el pago de los 5.400 millones de dólares previstos en septiembre, porque de lo contrario podría no ser capaz de hacer frente a varios vencimientos de deuda.

Estas tensiones se ven acompañadas de un nuevo empeoramiento en el pulso financiero de Argentina. Durante la jornada del martes, el peso bajó frente al dólar, los valores bursátiles cayeron un 4,5% y el riesgo-país subió un 8%, hasta situarse en 1.981 puntos.

El cuadro macroeconómico argentino ya era muy inquietante antes de las elecciones primarias del 11 de agosto. Tras el desplome del peso y las bolsas que siguió a la amplia victoria de Alberto Fernández, todo ha empeorado. En los próximos cuatro meses deben renovarse unos 15.000 millones de dólares en deuda, de los que 10.000 corresponden a acreedores privados. Si éstos deciden no mantener letras y bonos y exigen su dinero, las arcas del país pueden verse desbordadas y sería inevitable utilizar el último recurso, las reservas del Banco Central. Por eso el gobierno necesita que el FMI desembolse el tramo de 5.400 millones previsto para el próximo mes, dentro del préstamo de 57.000 millones aprobado en septiembre de 2018.

En principio, la delegación del FMI, encabezada por Roberto Cardarelli, parece dispuesta a aceptar que el Gobierno ha cumplido más o menos con sus compromisos y a liberar los 5.400 millones de dólares. Hacienda ha conseguido en julio, en efecto, un superávit primario (sin gastos financieros) superior a los 4.000 millones de pesos (unos 66 millones de dólares), aunque todo cambia cuando se carga la deuda: entonces, el déficit supera los 77.000 millones de pesos. En el propio seno de la coalición de Macri surgen voces que critican la dureza de las condiciones que impuso el FMI para conceder el préstamo, y coinciden con Alberto Fernández en que los recortes y la austeridad han sido excesivos y han hundido al gobierno en una impopularidad prácticamente insuperable, además de agravar la crisis.

Alberto Fernández se reunió el lunes durante hora y media con la delegación del Fondo y reiteró su propósito de pagar la deuda si alcanza la presidencia. Pero luego publicó un comunicado en el que afirmó que la mayor parte de los dólares prestados por el FMI habían servido para financiar una masiva fuga de capitales. “Es plata que entra y plata que sale volando”, dijo Cecilia Todesca, miembro del equipo económico de Fernández. “Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social”, afirmó el candidato presidencial peronista.

Más preocupante para el gobierno es la crítica frontal contra el programa del FMI realizada por el economista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, un hombre muy cercano a Mauricio Macri y muy ajeno al peronismo. Según Melconian, el acuerdo con el FMI es “incontinuable”. Según Melconian, Argentina sigue sin tener acceso a los mercados financieros (su riesgo-país está en 1.961 puntos, casi el nivel de Venezuela) y se enfrentará a enormes dificultades para pagar sus deudas porque el préstamo del Fondo no bastará. “Habrá que pedirle más plata al FMI”, declaró, “y entonces Argentina se convierte en Grecia”.