Ataque al Congreso: ¿El principio del fin?

La última arremetida contra varios diputados del legislativo de Venezuela, la detención de su vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Édgar Zambrano, y el impedimento el martes a los diputados —con un pretexto baladí— de ingresar al , tiene algo de déjà vu, por lo que hay en ello de reiteración en el atropello contra la democracia. Lo que viene ocurriendo tiene particular gravedad y pone de relieve tres asuntos.

Primero, pasos represivos muy concretos para liquidar, ya, al Poder Legislativo. Eso, a través de duras medidas —contra varios diputados y su vicepresidente— para trabar el funcionamiento de la Asamblea Nacional elegida democráticamente el 2015. Dos años después el régimen gestó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como poder paralelo para inmovilizar al Legislativo.

De una surrealista cohabitación, en el mismo inmueble, entre la Asamblea Nacional democráticamente elegida y la ANC gestada por el régimen el 2017, el local está pasando a ser gradualmente ocupado sólo por la ANC; simbólica expresión inmobiliaria de la liquidación del último vestigio de los checks and balances de la democracia. Como lo ha expresado, con precisión, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, se está ante una desviación de poder que “tiene por finalidad impedir el funcionamiento del órgano del poder público que, precisamente, representa la voluntad popular”.

Segundo, un sistema judicial y de ministerio público cuyas últimos visos de independencia frente al Ejecutivo se han esfumado por completo en las últimas dos semanas. Se recubre, ahora, de torpes formalidades el zarpazo contra una inmunidad parlamentaria que ya se encuentra liquidada. Con celeridad digna de mejor causa, e indudable atropello de las normas constitucionales sobre esa inmunidad, inmediatamente después de la acusación por el disciplinado Fiscal General Tarek William Saab, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió las sentencias N° 17, 18 y 19 de 2, 7 y 8 de mayo contra varios diputados y con base en las cuales fue detenido el 8 de mayo el vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Las acciones del Tribunal Supremo contra el Legislativo violentan la separación de poderes esencial a cualquier democracia —contenida en el artículo 136 constitucional— así como la disposición que establece que los diputados no pueden ser procesados sin la “previa autorización de la Asamblea Nacional para que pueda ordenarse su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Tercero, un impacto en la comunidad internacional que ahonda el aislamiento del régimen y abre el abanico de quienes buscan una solución democrática a la crisis institucional en Venezuela. Cierto que una Organización de Estados Americanos (OEA) en crisis y debilitada por errores en su conducción, no es hoy el foro de la fuerza y legitimidad que dio aprobación el 2001 a la fundamental Carta Democrática Interamericana.

Pero es sintomático que en la sesión del Consejo Permanente de este lunes se haya aprobado por consenso una resolución que rechaza estos ataques a los miembros del legislativo. Países que han procurado cuidado en el pasado cercano vertebrar una difícil posición de distancia/equilibrio —México, República Dominicana o Uruguay— no se opusieron a esa firme condena.

En paralelo, destacan en este contexto de “situación límite” importantes movimientos de piezas en el escenario global apuntando hacia una salida pacífica y negociada de la situación. No es irrelevante el dinamismo que se avizora desde la Unión Europea, el papel de Noruega —país curtido en procesos de mediación y solución de conflictos— y los diálogos que ya viene impulsando, contactos entre Elliot Abrams con integrantes del régimen de Maduro y los “buenos oficios” de algunos ante actores ineludibles como Rusia, Cuba y China para quienes el colapso de las instituciones en Venezuela no puede ser para nada indiferente.