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TRIBUNA i

Democratización social por accidente

La nueva política oficial “anticivil” obligará al sector progresista a replantearse sus estrategias y tácticas y a construir un nuevo discurso de control social

Andrés Manuel López ObradoR en una rueda de prensa.
Andrés Manuel López ObradoR en una rueda de prensa. EFE

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está cambiando radicalmente las reglas, usos y costumbres de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esta transformación busca explícitamente romper con las intermediaciones corporativas, clientelares y empresariales que le permitieron al viejo régimen controlar políticamente a la sociedad, pero que terminaron colonizando al propio Estado y extrayéndole gigantescas rentas. Si tiene éxito, el gobierno de AMLO puede inducir, sin proponérselo, la democratización de la sociedad civil, especialmente de sus sectores populares, que es precisamente lo que no se logró en el periodo de la transición a la democracia.

En efecto, la democracia mexicana se limitó estrictamente al orden electoral y creó un sistema de partidos políticos que competían realmente entre sí, pero que carecían de puentes efectivos de comunicación y representación con la sociedad realmente existente. El generoso financiamiento público permitió a los partidos autonomizarse de la sociedad misma, y establecer, discrecionalmente, pactos específicos con poderes fácticos en espacios locales en las coyunturas en las que la competencia electoral se hacía tan aguda que exigía financiamiento ilegal para mantener el poder o acceder a él.

Mientras tanto, el orden social permaneció básicamente inmutable. Las organizaciones sindicales corporativas conservaron todo su poder y mantuvieron un orden casi fascista en el mundo laboral, para beneplácito de los empresarios. Las organizaciones empresariales continuaron dominadas por las élites y grupos de interés que históricamente han monopolizado la representación sectorial. En el mundo rural un sinnúmero de organizaciones medianas y pequeñas lograron sobrevivir gracias a que los gobiernos las utilizaron como vehículos clientelares y de control político territorial. La novedad de los tiempos de la transición fue la aparición de un nuevo actor social, la delincuencia organizada, que trastocó las viejas jerarquías y fue capaz de imponer su propio orden en ciertos territorios donde los vacíos de poder eran más agudos.

La crítica de López Obrador a los intermediarios socio-políticos en tanto lastre del pasado es correcta, y su decisión de desplazarlos en la relación entre el Estado y la sociedad puede producir un cambio democratizador si las viejas guardias corporativas y clientelares pueden ser sustituidas por un nuevo liderazgo emergido desde las bases. La democratización del mundo social no es precisamente lo que busca López Obrador, pero podría ser un subproducto de su rechazo al viejo orden, dado que ni su gobierno ni su partido pueden crear por sí mismos un liderazgo social sustituto en todos los sectores.

La paradoja del momento es que el intento de construir una relación directa entre el líder y el pueblo puede poner en jaque al viejo orden corporativo, abriendo las puertas a la progresiva emergencia de grupos y líderes que empiecen a disputar la representación de intereses largamente sometidos por las estructuras del viejo régimen. Lo que viene es un tiempo de gran movilización social y generalización de conflictos en el campo y la ciudad, lo cual generará una enorme confusión, porque muchos de ellos serán el resultado de las resistencias del viejo orden, mientras otros expresarán las nuevas aspiraciones democráticas que emergen desde abajo.

La consideración anterior incluye a los actores de la “sociedad civil” tipo ONG, tan vilipendiados por AMLO. Dentro de esa matriz hay en efecto expresiones de los intereses políticos del viejo orden y de las élites económicas. Pero también hay organizaciones civiles que han defendido heroicamente las causas de los derechos humanos y de la democracia. El pecado de estas últimas ha sido no haber creado leyes, instituciones y procesos que les permitieran diferenciarse de los grupos civiles asistencialistas, rentistas y clientelares. La nueva política oficial “anticivil” obligará al sector progresista a replantearse sus estrategias y tácticas y a construir un nuevo discurso de control social sobre un gobierno que tiene riesgosas tendencias delegativas.

Todo lo anterior es sólo un posible escenario de los procesos en marcha. La tentación de reconstruir el corporativismo desde el gobierno con líderes afines está presente, especialmente en el terreno sindical. Y el potencial de convertir la política de subsidios masivos en herramienta clientelar también. Mi hipótesis optimista es que la sociedad civil del siglo XXI ya no puede ser manipulada con los antiguos modelos. Pago por ver.

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