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OPINIÓN

El nuevo Gobierno y la democracia subnacional

Un régimen presidencial en ausencia de equilibrio de poderes puede consolidar prácticas centralistas y no construir instituciones democráticas fuertes, algo que México necesita

El gran reto del Gobierno entrante es garantizar la gobernabilidad en todo el territorio en el contexto de una crisis de violencia, inseguridad y fragmentación del poder. Los tres gobiernos de la transición a la democracia destruyeron la centralidad del presidencialismo sin construir en su lugar las instituciones de un Estado de derecho. El fracaso de la alianza entre la tecnocracia neoliberal y las corporaciones y clientelas priistas permitió la emergencia de múltiples poderes fácticos que, aprovechando el desorden, capturaron territorios, áreas de política pública y rentas del Estado.

Las elecciones del 1 de julio fueron un plebiscito a favor de la reconstrucción del orden político, depositando esa responsabilidad en quien logró presentarse como candidato antisistema. Sin embargo, la ausencia de instituciones estatales fuertes y la propia precariedad del nuevo partido en el Gobierno, Morena, plantea enormes retos en esta tarea. La vía ofrecida por López Obrador es el restablecimiento del presidencialismo y la “moralización” del Estado. El problema es que un régimen presidencial en ausencia de equilibrio de poderes puede consolidar prácticas centralistas y no construir instituciones democráticas fuertes, que es lo que el país necesita.

Dado que Morena no es un partido propiamente dicho, sino un movimiento difuso, el único factor que unifica a sus disímiles miembros es su líder. Las decisiones que tome López Obrador carecerán de contrapesos internos y externos. Ni su partido, ni los otros poderes de la unión y niveles de Gobierno tendrán la fuerza para oponerse a las decisiones de la presidencia. En todo caso, las resistencias principales provendrán de los distintos sectores de la sociedad civil, tanto conservadores como progresistas.

Ahora bien, el reto mayor para la gobernabilidad no estará en el Gobierno federal, sino en la extrema debilidad de los gobiernos estatales y municipales, que son en su mayoría un desastre institucional, moral y político. La relativa autonomización de estos niveles de Gobierno respecto al federal ha conducido a su captura por grupos políticos de diversos partidos que generalizaron la corrupción, el patrimonialismo y la simulación legal, y extendieron el clientelismo y el neocorporativismo en forma caótica.

La respuesta de López Obrador a este desastre es la creación de “superdelegados” del Gobierno federal en los estados, y ha otorgado ese encargo a destacados militantes morenistas locales. Esta decisión garantiza la politización de la política pública y puede convertir a los gobiernos estatales y municipales en meros ejecutores de los proyectos y programas dictados desde el Gobierno federal, tal como se acostumbraba en el viejo régimen. Este riesgo se potencia por la baja calidad de los gobiernos locales existentes y entrantes, que carecen en su gran mayoría, con la excepción del de la Ciudad de México, de cuadros competentes.

Esta forma de control directo será, sin embargo, resistido por los gobernadores y alcaldes, lo cual puede observarse ya en la naturaleza conflictiva de las transiciones de Gobierno en los estados donde ganó Morena, particularmente en Veracruz y Morelos. El gobernador entrante de Jalisco ha manifestado su oposición a tener a su lado a un vicegobernador de facto, y varios gobernadores en ejercicio han llevado a cabo cambios legislativos de última hora para evitar que los entrantes congresos locales donde Morena es mayoría los controlen efectivamente. El menú va desde el otorgamiento de poder de veto a decisiones legislativas por parte de la gobernadora en Sonora hasta el socorrido nombramiento de fiscales anticorrupción fieles a los gobernadores salientes en la mitad de los estados del país.

En la relación entre el Gobierno federal y los subnacionales se juega uno de los factores centrales de la gobernabilidad. La lucha contra el crimen organizado y la corrupción se debe librar prioritariamente en y desde los gobiernos locales, y para ello se necesitan instituciones locales robustas, no solo control federal. Una disputa franca por el poder territorial puede incluso reforzar a corto plazo a los grupos criminales y empresariales mafiosos aliados con las clases políticas locales.

El Gobierno entrante tendrá que escoger las batallas que va a librar y el tipo de alianzas a construir para poder gobernar. Central a este propósito será entender que una cosa es la capacidad de hacer que se obedezcan las órdenes presidenciales por vías centralistas, y otra es la construcción de las estructuras profundas del Estado de derecho, sin las cuales los pactos temporales serán siempre precarios. La tarea del próximo Gobierno debe ser el desarrollo de una estatalidad democrática, no la reconstrucción de un régimen presidencialista.

Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana

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