Honduras aguarda la polémica sentencia sobre los asesinos de Berta Cáceres
Este jueves se conocerá el veredicto sobre los autores materiales del homicidio. La familia de la ecologista considera que solo se han juzgado los eslabones menores de la cadena
Dos años y medio después del asesinato de la líder ecologista Berta Cáceres, este jueves se conocerá la sentencia contra sus asesinos. Al menos quienes apretaron el gatillo. No de quienes dieron la orden, según denuncia su familia. La sala I del Tribunal de Tegucigalpa programó para el próximo jueves 29 la lectura de la resolución del homicidio del 2 de marzo de 2016 en Intibucá, en el Occidente de Honduras.
En el banquillo están sentados ocho ciudadanos acusados de ser responsables del delito de asesinato y tentativa de asesinato. Las hijas de la ecologista reconocen que las pruebas son contundentes contra ellos y esperan que sean sentenciados, pero denuncian que solo se juzga a los eslabones más bajos de la cadena y que el juicio, que ha durado cinco semanas, se ha celebrado en medio de graves irregularidades y que seguirán luchando por la condena para los autores intelectuales.
"Habrá condenas pero no justicia”, señala Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras (Copinh), que lideraba su madre hasta que la mataron.
Hasta aquel día, su madre, de 44 años, era una de las voces que se habían alzado contra la construcción de una presa en su comunidad. Ni siquiera el Nobel verde que había recibido el año anterior la protegió de las balas de dos pistoleros que se colaron en su casa de La Esperanza.
Eran las 11 de la noche y los asesinos llegaron en un Volkswagen gris, le metieron tres tiros en el abdomen y huyeron. Antes de escapar descubrieron que en la habitación de al lado había otro hombre; Gustavo Castro. Castro había llegado el día anterior desde México donde dirige la organización Otros Mundos Chiapas. Gustavo y Berta eran viejos amigos que se habían ido a dormir después de echar un cigarro en el porche de la modesta casa. Cuando el asesino le disparó a bocajarro le rozó la oreja y solo le hizo un rasguño pero empezó a sangrar abundantemente y el sicario huyó del lugar pensando que estaba muerto.
En el juicio, que comenzó el pasado 20 de octubre, los abogados de la familia y del Copinh fueron excluidos, tras interponer un recurso de recusación sobre los miembros del tribunal ante las dudas sobre su imparcialidad. La acusación la asumió desde entonces exclusivamente los fiscales del Ministerio Público (MP)
“El juicio ha estado plagado de irregularidades, se ha dejado al margen del juicio a la familia y a Copinh han estado al margen de la investigación”, explica Marcia Aguiluz, responsable del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Se nos ha negado también información que fue decomisada a la empresa DESA y que daría cuenta de la participación de la empresa en sus asesinato”, añade.
Dos de los acusados están directamente vinculados con la empresa hidroeléctrica: Sergio Rodríguez Orellana, el gerente ambiental y de las comunicaciones de la compañía, y el exteniente del ejército Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA entre 2013 y 2015. Otros dos tienen vínculos militares: Mariano Díaz Chávez, un comandante activo de las fuerzas especiales entrenado en los Estados Unidos con antecedentes de inteligencia, y su ex acusado Henry Hernández Rodríguez. En marzo, fue detenido también el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, acusado de organizar el crimen. La familia apunta a los accionistas de la empresa que tendrían a Berta Cáceres como un objetivo.
Tras el asesinato de la ecologista, Estados Unidos, la ONU y hasta El Vaticano exigieron el esclarecimiento del caso. Berta Cáceres pasó entonces a ser un símbolo de defensa de la tierra en un país donde los héroes se cuentan por muertos. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para defender la tierra y el medio ambiente, con al menos 130 defensores asesinados en los últimos diez años y una política económica que aprobó decenas de proyectos de minas y energía en comunidades rurales e indígenas sin consulta o estudios adecuados de impacto ambiental.
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