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Un activista mexicano denuncia amenazas tras exhibir las desapariciones forzadas en Tamaulipas

La organización de Raymundo Ramos Vázquez ha documentado más de 50 casos de personas desaparecidas entre enero y mayo de este año

Raymundo Ramos (centro), acompañado de Jan Jarab, de la ONU, y Tania Reneaum, de Amnistía Internacional.
Raymundo Ramos (centro), acompañado de Jan Jarab, de la ONU, y Tania Reneaum, de Amnistía Internacional. Mario Guzmán (EFE)
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Raymundo Ramos Vázquez, un activista que ha documentado las desapariciones forzadas en Tamaulipas, al norte de México, denuncia haber recibido amenazas contra él y su familia. Ramos es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una ONG que tiene su base en esa fronteriza localidad. Tras haber hecho públicos los casos de desapariciones que han ocurrido desde enero en esa violenta región del país, ha sido víctima de hostigamiento. “El pasado 18 de junio se publicaron en dos páginas de Facebook y en un blog fotos de mi esposa y de mis hijas tratando de relacionarlas con diferentes grupos del crimen organizado, pero enviando un claro mensaje hacia mi persona: vamos contra tu familia”, denunció Ramos en una conferencia de prensa realizada en Ciudad de México.

Las denuncias hechas desde principios de año por el activista y otros familiares de desaparecidos en Nuevo Laredo llegaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la ONU. El organismo mexicano dio a conocer el pasado 30 de mayo que había documentado la desaparición de 31 personas, entre ellos siete menores de edad. Ese mismo día, la oficina en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Gobierno mexicano para poner un alto a la ola de desapariciones. En sus conteos, se informó en un comunicado, tenían el registro de 23 personas que habrían sido desaparecidas por miembros de “una fuerza de seguridad federal”.

Las amenazas contra Ramos no son nuevas, pero se han intensificado. Desde hace dos años esas mismas páginas de redes sociales han publicado amenazas directas y calumnias contra él y su organización --la única que existe en ese Estado-- para tratar de vincularlo con grupos del crimen organizado para que traten de hacerle daño, afirmó. La campaña de desprestigio ha llegado a nivel nacional, denuncia. Un diario con circulación en todo el país publicó una nota donde decía que Los Zetas –un sanguinario grupo del crimen organizado- le pagaba a él para promover denuncias en contra de la Marina. “Una información sin fuente, sin la firma del reportero y presumimos que quienes están detrás de esa información pertenecen a la Secretaría de Marina”, expuso.

Ramos se deslindó de esas acusaciones y dijo que elementos de la Marina lo ha situado como su enemigo sin sustento. “Nuestra única labor ha sido documentar y darles voz a las víctimas, a las familias y eso nos ha situado como criminales”, manifestó en la rueda de prensa donde estuvo arropado por organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Centro ProDh.

Las amenazas no han sido solo contra él, sino también contra algunas familias que buscan a sus seres queridos. “Consisten en difundir en páginas información criminalizándonos, acusándonos ya sea con un grupo u otro de permanecer al crimen organizado. Cuando te sitúan entre dos grupos en un Estado como Tamaulipas que está en guerra, lo que hacen es que esos grupos vayan contra ti o las familias”, explica. También, apuntó, han presentado denuncias ante la Fiscalía local y la general (PGR) porque han identificado otras medidas de intimidación, como personas que se estacionan en autos afuera de sus domicilios para vigilarlos.

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El defensor de derechos humanos refiere que la cifra de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo es mayor a los datos que refiere la CNDH. Entre enero y mayo su organización ha documentado 51 casos. “La cifra sigue aumentando porque a la fecha se siguen presentando denuncias de personas que desaparecieron entre enero y mayo que por miedo no habían querido acudir a la autoridad”, agregó.

Ante la presión de los organismos defensores de los derechos humanos, el pasado lunes, la Marina dio a conocer que suspendió a los elementos que habrían participado en estos hechos, sin especificar cuántos militares fueron amonestados. La decisión, informó la secretaría en un comunicado, la tomó para dar cumplimiento a las medidas cautelares que le solicitó la CNDH por diversas denuncias donde se vincula a algunos marinos de ser responsables de casos de violaciones a los derechos humanos.

En la conferencia brindada este jueves, Ramos estuvo acompañado por organizaciones como Amnistía Internacional y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Jan Jarab, el representante en este país del alto Comisionado, respaldó el trabajo del activista y condenó las amenazas contra su persona. Estas campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos son muy comunes en México, lamentó. “Las autoridades deben contrarrestar esta situación reconociendo la importante labor de quienes defienden los derechos humanos”, manifestó.

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