Lenín Moreno purga de correístas su Gobierno en su primer año al frente de Ecuador

Rafael Correa entregó la banda presidencial hace este jueves un año y se retiró del acto de investidura para no eclipsar a su sucesor y hasta entonces aliado, Lenín Moreno. En la fotografía política actual de Ecuador ya no hay espacio para el exmandatario ni para sus socios. En su primer año de Gobierno, Moreno ha depurado su Gabinete de correístas, ha dado marcha atrás en aspectos conflictivos de la anterior Administración —como la política económica o los ataques a la prensa— y ha dado vía libre para perseguir la corrupción del Ejecutivo de Correa. En el camino, su gestión ha sufrido un abultado desgaste perdiendo más de 30 puntos de aprobación al pasar de un 77% en agosto pasado a un 46% el presente mes.

Cuando el partido de Correa revalidó su victoria electoral con unos resultados muy ajustados y controvertidos favorables a Moreno, nadie imaginaba que el exmandatario tardaría solo un par de meses en censurar a su sucesor en redes sociales y en llamarle “traidor”. La delicada situación económica del país fue el detonante de la fricción. Correa había prometido dejar “la mesa servida” tras lidiar con dos años de caída de ingresos por el bajo precio del petróleo, pero Moreno descubrió que en realidad había heredado una deuda de más de 50.000 millones de dólares. Los libros habían sido maquillados por fuera de los límites legales y las cuentas reales dificultaban la ejecución del programa de Gobierno. El jefe de Estado, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, había prometido construir 325.000 viviendas y subir el bono de Desarrollo Humano —un programa de asistencia estatal— hasta los 150 dólares para los más necesitados.

Tras confiar la gestión económica en Carlos de la Torre y, después, en María Elsa Viteri, dos nombres cercanos al correísmo, el mandatario cambió de rumbo antes de iniciar su segundo año de gestión. Richard Martínez, líder de los empresarios y defensor de una receta económica liberal, asumió en un sorpresivo nombramiento la cartera de Economía y Finanzas hace una semana.

La designación de un empresario para dirigir la política económica reveló definitivamente la estrategia de depuración de rostros correístas, forzada por la corrupción y la ruptura dentro del partido que representaba hasta hace no mucho a Moreno y Correa, Alianza PAIS, de la que este último es fundador. Antes de los dos ministros de Economía, fueron destituidos o sustituidos aliados muy cercanos al expresidente por diferencias políticas o por investigaciones de corrupción.

El vicepresidente Jorge Glas fue el primero en dejar el cargo, al ser condenado a seis años de cárcel por el caso Odebrecht. El presidente del Parlamento, José Serrano, que fue ministro de Interior con Correa, también fue destituido, así como el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, exasesor presidencial del exmandatario. El ministro de Interior, César Navas, y el de Defensa, Patricio Zambrano, dejaron sus carteras por su fallida gestión del secuestro de tres trabajadores del diario El Comercio a manos de disidencias de la antigua guerrilla colombiana de las FARC. Finalmente, la canciller María Fernanda Espinosa, que ocupó varios cargos con Correa y que ha sido duramente criticada por sus tibios pronunciamientos sobre Julian Assange —recluido en la Embajada de Ecuador en Londres— y Venezuela, ha aparcado su responsabilidad esta semana para enfocarse durante un mes en su candidatura a la Asamblea General de la ONU. Si se hace con el puesto, no regresará al Gobierno de Moreno.

La separación entre morenistas y correístas se agudizó a finales de 2017, tras medio año del nuevo Gobierno, coincidiendo con la campaña por la consulta popular que ganó Lenín Moreno y que cerró las puertas a un eventual regreso de Correa como candidato a la presidencia. La disputa facilitó la salida de las autoridades de control cuestionadas por su subordinación al expresidente.

Ley de Comunicación

La consulta separó además a los disidentes del bloque de Alianza PAIS en la Asamblea Nacional. Los más fieles a Correa se desafiliaron del partido e iniciaron los trámites para fundar un nuevo movimiento. Aunque en teoría la bancada del partido y sus disidentes votan de forma independiente, en la práctica han apoyado los mismos proyectos. Sobre todo los más polémicos, como el rechazo de la propuesta de crear una comisión que investigase la presunta financiación de las FARC a Rafael Correa en su primera elección.

Para culminar el desmarque de Moreno, esta semana llegó al Parlamento la reforma a una de las leyes icónicas de la Administración de Correa, la de Comunicación. En la nueva redacción de la norma, se elimina la Superintendencia de Comunicación, criticada por los medios al ejercer de juez y parte en las sanciones a la prensa. Aunque la propuesta legislativa mantiene el espíritu regulador sobre el periodismo, se han suprimido los límites a la publicación de información controvertida o la obligación de difundir datos de “interés público”.