La posible excarcelación de represores tensa el 42° aniversario del golpe en Argentina

Por primera vez en 42 años, Argentina conmemora este sábado un aniversario de su último golpe de Estado sin ninguno de los dictadores vivos. El último, Reynaldo Bignone, falleció a los 90 años hace tan sólo tres semanas. Sin embargo, numerosos altos cargos y figuras destacadas del régimen que impuso el terror entre 1976 y 1983 permanecen entre rejas y la posibilidad de que sean excarcelados por motivos de salud ha generado una enorme polémica en los días previos a la movilización en las calles. Las convocatorias para este 24 de marzo instan a marchar contra eventuales liberaciones de genocidas.

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Miguel Etchecolatz, uno de los torturadores más despiadados del régimen, obtuvo la prisión domiciliaria el pasado diciembre. Tras meses de marchas, escraches y mensajes de repudio en las redes sociales, la Justicia se la revocó el lunes pasado. Pero sólo un día después, el portal Infobae difundió una lista elaborada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), del que dependen los presos por delitos de lesa humanidad, en la que figuraba Alfredo Astiz entre los reos susceptibles de abandonar la cárcel y optar a métodos alternativos de privación de libertad. Astiz, conocido como El Ángel de la muerte, cumple cadena perpetua por haberse infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo para asesinar a sus fundadoras, entre muchos otros crímenes.

Fuentes oficiales aclararon a EL PAÍS que el SPF elabora periódicamente listados para la Justicia de aquellas personas que cumplen requisitos legales para ser excarceladas, como padecer enfermedades terminales, ser mayores de 70 años, ser discapacitados o tratarse de internas embarazadas y/o con hijos de hasta diez años. Según las fuentes, la inclusión de Astiz estuvo motivada por el cáncer de próstata que padece, pero en ningún caso puede tomarse como una recomendación gubernamental para que salga de prisión. En las redes sociales, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, expresó su rechazo a que los tribunales concedan la prisión domiciliaria a este represor que hace meses volvió a demostrar su falta de arrepentimiento al declarar ante un tribunal: "Nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria".

La versión oficial no satisface a la mayoría de referentes de derechos humanos en Argentina. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto calificó de "provocación" la aparición de Astiz en una lista de posibles reos excarcelados a pocos días del 24 de marzo, fecha del aniversario del golpe de 1976 contra Isabel Perón. Carlotto pidió asegurarse que su enfermedad no es fingida, tal y como han hecho otros represores. "Uno podría entender que se los lleve para morir en su cama, pero estos personajes son tan mentirosos que habría que probar con médicos especializados que se van a morir en unos días", advirtió en diálogo con una radio local.

El premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel fue aún más tajante: "No se le puede dar libertad a quienes cometieron delitos de lesa humanidad". Tanto la organización H.I.J.O.S., que aglutina a hijos de desaparecidos, como Historias desobedientes, un colectivo que da cobijo a hijos, nietos y familiares de represores que repudian las atrocidades perpetradas por sus padres, coincidieron en exigir que la cárcel sea "el único lugar para los genocidas". La voz disidente fue la de la activista de derechos humanos y exministra Graciela Fernández Meijide, quien se mostró partidaria de que Astiz sea beneficiado con la prisión domiciliaria al considerar que "hasta el peor enemigo tiene derechos".

Los organismos de derechos humanos no forman un frente único, pero han acercado posiciones tras sucesivos encontronazos con el Gobierno de Mauricio Macri. "Fueron 30.000", gritaron decenas de miles de personas en Buenos Aires hace un año, en respuesta al presidente, que había cuestionado la cifra de desaparecidos. Doce meses después, una multitud volverá a salir mañana a las calles para exigir que no se dé "ni un paso atrás" en la lucha por la memoria, verdad y justicia. Ver a los condenados por crímenes de lesa humanidad cumplir su pena fuera de la cárcel va para muchos en dirección contraria al largo camino recorrido por Argentina contra la impunidad.