Alfredo Astiz, uno de los más crueles represores argentinos: “Nunca voy a pedir perdón”

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Alfredo Astiz no se arrepiente de nada. “Nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria”, dijo el miércoles frente al tribunal que lo juzga por su enésimo crimen, esta vez el asesinato de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. Han pasado 40 años desde entonces, y Astiz está en la cárcel desde 2003, pero aún reivindica lo que hizo. El militar, que ahora tiene 67 años, es uno de los más conocidos genocidas argentinos.

Con una crueldad que alimentó su leyenda, aprovechó su cara angelical de veinteañero rubio de ojos azules –por eso lo llamaron el ángel de la muerte- para infiltrarse en el incipiente grupo de las madres de Plaza de Mayo y colaborar en 1977 en el asesinato de su primera líder, Azuzena Villaflor, y otras 11 personas de su entorno, entre ellas dos monjas francesas. Todos murieron en los llamados vuelos de la muerte, arrojados vivos al Río de la Plata. El día definido para el secuestro, a la salida de la iglesia, Astiz fue abrazando a las fundadoras del grupo para marcar a los militares que observaban la escena desde lejos quién debía ser apresado.

Argentina ha dado un ejemplo al mundo con sus juicios de lesa humanidad. Más de 500 represores siguen en la cárcel y los procesos no se detienen, hay nuevas condenas con frecuencia. Lo que no cambia es la actitud de los condenados, que no solo se niegan a colaborar con la justicia o a admitir sus crímenes sino que ni siquiera aceptan pedir perdón a las víctimas. Tampoco han colaborado en desvelar dónde están las fosas comunes en las que acabaron muchos desaparecidos.

Los militares condenados siguen siendo una piña en torno al pacto de silencio que fraguaron en cuanto se recuperó la democracia, en 1983, y empezaron los primeros juicios bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín. Ante la petición de asociaciones de militares y familiares para que muchos de estos represores pasen a arresto domiciliario, los grupos de derechos humanos insisten en que no pueden concederse esa gracia a quien ni siquiera se ha arrepentido ni ha colaborado con la justicia para esclarecer sus crímenes y el paradero de los cadáveres. Astiz les dio la razón y demostró una vez más que no tiene ninguna intención de abrir esa puerta.

El represor hizo un largo alegato final tras su intervención en el juicio. Y en él reivindicó su actuación en función de la obediencia debida y también en el contexto de una “guerra contra los subversivos”. Astiz, como otros muchos represores, no reconoce a los tribunales civiles y exige uno militar. Argentina también ha sido modélico en este apartado y desde el primer momento los responsables de la dictadura fueron juzgados como criminales comunes por tribunales ordinarios. Y así sigue. “Si quieren que explique lo que hice, que me juzgue un tribunal militar”, insistió.

El ex marino se quejó de una supuesta indefensión y llegó a decir que su país trata mejor a la orangutana Sandra que a él. El animal, que está en el zoo de Buenos Aires, fue declarada “persona no humana” por la justicia argentina, lo que le da el derecho a no ser maltratada. Astiz aprovechó incluso para defender la actuación de la Gendarmería en el caso del último desaparecido argentino, Santiago Maldonado. Dijo que hay “movimientos secesionistas que quieren apoderarse de parte de nuestro territorio", en referencia a los mapuches, pero para la ciudadanía “el principal problema era si un gendarme tenía una piedra en la mano o no".

Astiz, que dejó claro que es consciente de que pasará toda su vida en la cárcel con las cadenas perpetuas que acumula, será con toda probabilidad condenado en esta causa que comparte con otros famosos represores como Ricardo Cavallo. Los juicios siguen, con 182 sentencias, 130 procesos ya en la última fase y 284 aún en instrucción. Astiz podría haber sido uno de los beneficiados de la sentencia de la Corte Suprema en mayo de este año que permitía contar doble  los días pasados en prisión preventiva, pero el escándalo que generó esa decisión fue tan grande que toda la clase política se puso de acuerdo para modificar la ley e impedir que puedan acogerse a ella los genocidas.