Un caso de brutalidad policial conmociona Nicaragua

Juan Rafael Lanzas Maldonado, de 38 años, yace convaleciente en una vieja cama de un hospital de Matagalpa (centro de Nicaragua, a 94 kilómetros de Managua). Es la víctima más reciente de la Policía Nacional, una institución temida en el país centroamericano por la violencia con que actúa, en muchos casos al margen de las leyes. Lanzas fue arrestado el pasado 29 de diciembre en la pequeña comunidad de Cerro Colorado, acusado de hurto en una finca cercana. Recibió una brutal paliza de los oficiales que lo capturaron y, vapuleado, fue arrastrado a una celda en la que pasó 22 días. Allí los abusos continuaron, siempre sin recibir atención médica, según denuncia su madre, Emma Maldonado Rizo. Solo el amotinamiento del resto de reclusos para exigir que el hombre fuera atendido motivó su traslado a un hospital, donde los médicos emitieron un terrible dictamen: las piernas estaban gangrenadas y era urgente amputarlas. El caso ha conmocionado Nicaragua y ha despertado una ola de indignación.

Lanzas Maldonado yace en la cama del hospital, sin sus piernas, muy delgado, con moratones en todo el cuerpo y con la terrible certeza de que su vida cambió para siempre. Será difícil que regrese a trabajar en el campo para sostener a sus cuatro hijos y su esposa. “Lo dejaron inservible”, lamenta, furiosa, Emma, la madre, que exige que se juzgue y encarcele a los oficiales que propinaron la paliza. Esos golpes y la indolencia de los oficiales ante los lamentos de su hijo, subraya, son las causas por las que Lanzas Maldonado perdió sus piernas. La mujer, de estatura baja, delgada, con la piel arrugada y quemada por el sol, asegura a EL PAÍS que hará todo lo que esté a su alcance para que la justicia actúe en el caso de su hijo. En su contra juega la pobreza, el hecho de no contar con el favor de ningún político o del Frente Sandinista —el partido en el Gobierno—, una institución poderosa, la Policía Nacional, y un sistema judicial indolente. Policía y justicia están controladas por el presidente Daniel Ortega, quien decide a quién se premia y castiga en Nicaragua.

Ese control del Gobierno de Ortega sobre la policía ha desembocado en una merma en la profesionalidad de la institución, según advierten varios especialistas en la materia. Hasta que Ortega se hizo con todo el poder la policía nicaragüense era considerada una de las más profesionales y confiables de la región centroamericana. Las encuestas demostraban orgullo de parte de los nicaragüenses hacia esa institución, tras años de trabajo en las comunidades para garantizar la seguridad del país, que no cuenta con los problemas de violencia de sus vecinos.

En 11 años de Gobierno sandinista, sin embargo, el orgullo pasó a temor: la policía se convirtió en un órgano de represión y hostigamiento, con métodos más parecidos a los de una dictadura. “Si este fuera un caso aislado el profesionalismo de la policía no estaría entredicho”, explica la socióloga Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad. La violencia policial “se ha convertido en una práctica recurrente”, agrega al tiempo que recuerda el asesinato de una bebé en febrero de 2007, cuando la policía atacó la casa de sus padres, también en el municipio de Matagalpa. Y una masacre ocurrida en 2015 en las afueras de Managua, cuando la policía confundió con narcotraficantes a una familia que regresaba de un culto religioso. El tiroteo dejó un saldo de dos muertos: una joven de 22 años y dos niños de 11.

La policía, que en muy contadas ocasiones da explicaciones por su actuación —por polémica que sea—, niega que Lanzas Maldonado no recibiese atención médica. El subdirector del cuerpo, Francisco Díaz, dijo que tres días después de haber sido capturado, Lanzas Maldonado fue atendido. Sin embargo, no hay una explicación oficial del porqué de la paliza ni del hecho de que el hombre haya tenido que esperar hasta 22 días para lograr un dictamen médico completo, el que decretó la amputación de ambas piernas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha dado seguimiento al caso y apoyo legal a los familiares del hombre. El pasado viernes anunció que, en una resolución que parece una burla, las autoridades absolvieron al hombre del delito de robo agravado, por el que fue detenido, brutalmente golpeado y que lo dejó inválido.