18 mineros ilegales mueren en un enfrentamiento con el Ejército venezolano en la región de Guayana

El Ejército venezolano tuvo un enfrentamiento con un grupo de mineros ilegales en el yacimiento de oro de Cicapra, cerca de la zona selvática de Guasipati, en el sur del país. El combate resultó en 18 muertos: una mujer y 17 hombres, quienes portaban armas tipo militar.

El procedimiento es una de varias estrategias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para recuperar el control económico de las intrincadas zonas selváticas contiguas a la Amazonia venezolana, donde ha proliferado la minería ilegal realizada por bandas criminales en los últimos cinco años. De acuerdo con un reporte de Región Estratégica de Investigación Penal (Redip), los cuerpos de los contrabandistas no pudieron ser identificados.

Los yacimientos auríferos en zonas específicas de las regiones selváticas de Venezuela han ido deviniendo lentamente en espacios controlados por la delincuencia, en los cuales han tenido lugar crímenes que han producido estupor en la sociedad. En algunas de estas poblaciones, son los capos de la zona, llamados pranes en la jerga carcelaria, los que controlan el flujo del comercio e imponen abiertamente sus intereses. Una de las más comentadas ha sido la masacre de Tumeremo, en la cual 17 mineros fueron asesinados por Jamilton Ulloa Suárez, un capo de origen colombiano conocido como El Topo.

Tal circunstancia ha ameritado la presencia activa de equipos especializados del Ejército venezolano. Ulloa, como otros hampones que dominaban estos espacios, fue ultimado en un operativo militar.

El deterioro de las actividades económicas vinculadas con la minería se ha consolidado durante el gobierno de Nicolás Maduro. En un esfuerzo especial para diversificar las fuentes de ingreso de la República, su administración ha decidido llevar adelante el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco, una ambiciosa plataforma de inversión y explotación minera en la región de Guayana, al sur del río, que incluye capitales extranjeros especializados. El Gobierno venezolano busca convertir en ingresos líquidos los abundantes recursos existentes en la zona, como los minerales estratégicos. Algunos de estos espacios son ya teatro de operaciones de estos grupos delincuenciales.

Como proyecto, el Arco Minero del Orinoco ha sido duramente criticado por organizaciones ambientalistas, partidos políticos, sindicatos, e incluso por voceros disidentes del chavismo, ubicados a su izquierda, como la exministra Ana Elisa Osorio. Ellos argumentan que el desarrollo de esta iniciativa traerá trastornos ambientales irreversibles, con graves consecuencias para los recursos hídricos, y agudizará el problema de la descomposición social en amplias zonas del territorio nacional que hoy están casi despobladas. Los defensores del proyecto sostienen precisamente lo contrario: que el Arco Minero ha llegado para enfrentar y resolver estos problemas, al regularizar y normas los usos y promover el desarrollo.