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Una izquierda dividida, clave para salvar a Kuczynski

La abstención de Nuevo Perú fue fundamental para evitar que el presidente peruano fuera destituido

Seguidores de Kuczynski cerca del Congreso este jueves.
Seguidores de Kuczynski cerca del Congreso este jueves. REUTERS

Minutos antes de la votación, pasadas las 23.00 horas de la noche, los 10 congresistas del grupo parlamentario de izquierda Nuevo Perú se levantaron de sus escaños y salieron del hemiciclo. Decidieron no votar, y así se inclinó la balanza para evitar el cese del presidente Kuczynski.

Por la tarde del jueves, cuando el debate parlamentario ya llevaba seis horas, había tensión entre algunos parlamentarios de izquierda. Estaban vacíos la mayoría de escaños de los congresistas oficialistas, de Peruanos por el Kambio (PPK), pero también los de las bancadas izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú, y de Alianza para el Progreso. Estaban fuera del hemiciclo negociando.

Poco a poco, los parlamentarios fueron volviendo a sus asientos y las intervenciones del Frente Amplio (de izquierda) como de Nuevo Perú apuntaban a una disyuntiva: no querían apoyar “el golpismo fujimorista”, pero tampoco dejar pasar “la corrupción” de un presidente al que consideran lobbista.

El líder del Frente Amplio, Marco Arana, dio a entender que votaría por la abstención, sin embargo, era solo una declaración imprecisa antes de la votación oficial. Al final, dieron sus 10 votos a favor de la destitución del jefe de Estado.

El Frente Amplio, que contaba con 20 congresistas, se rompió en dos hace un año, y los seguidores de Mendoza formaron un nuevo grupo parlamentario llamado Nuevo Perú, que ahora busca 800.000 firmas para inscribirse como partido político. La abstención de Nuevo Perú fue decisiva para la permanencia en el cargo.

Manuel Dammert, de Nuevo Perú, presentó un organigrama de las empresas de PPK, a quien hace más de una década investigó desde el Congreso debido a que el exbanquero de inversión fue consultor de Hunt Oil, una empresa concesionaria del Gas de Camisea, un megaproyecto en el sur del país.

También mostró una línea de tiempo de las funciones de Kuczynski como ministro del Gobierno de Alejandro Toledo, mientras su empresa Westfield Capital recibía depósitos de la empresa Odebrecht, por reembolsos de gastos, asesorías financieras o bonos y comisiones.

Luego, Marisa Glave, la vocera de Nuevo Perú, dijo que queda clarísimo que el mandatario es un representante de la “república empresarial” y que no distingue entre lo público y lo privado, y exigió que responda ante la justicia.

“El señor Kuczynski juega con el indulto. El señor Kenji (Fujimori) también juega con el indulto. Y no se puede jugar con la memoria”, añadió Glave, quien tiene entre sus votantes a víctimas de violaciones a los derechos humanos del Gobierno de Alberto Fujimori.

El legislador Edgar Ochoa, también de Nuevo Perú, hizo uno de los pocos llamados a la sensatez. “Estamos demostrando que no estamos en condiciones de manejar una crisis política. Si hacen una encuesta en las calles, la población preferirá que se vaya el Congreso antes que el Ejecutivo”, aseguró.

Luego, la legisladora Indira Huilca, del mismo grupo parlamentario, fue más clara sobre cuál sería definitivamente su voto y cuestionó al fujimorista Fuerza Popular. “Esta vacancia no es para luchar contra la corrupción. Es para llegar al poder a través de otra vía”.

Pero el Frente Amplio de Arana, que la semana pasada redactó la moción para que se debata la destitución de Kuczynski y que fue apoyada por el fujimorismo y el Partido Aprista, fue criticado en las calles al actuar como una herramienta de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular.

La noche del miércoles, en una marcha multitudinaria “contra los corruptos y contra el golpe fujimorista” en el centro de Lima, el bloque más grande de ciudadanos dejó solos, aislados, a los representantes del Frente Amplio, para diferenciar el mensaje de la movilización y no “contaminarla” por el liderazgo de Arana. Algunos manifestantes lanzaron pifias contra el congresista de izquierda.

El jueves, algunos líderes del Frente Amplio llegaron de regiones a Lima, a animar a su dirigente a votar por la vacancia. ¿El motivo? Después de la destitución de Kuczynski, el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta tendrá que convocar a elecciones generales. Arana prefiere aprovechar que su partido está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, y que Nuevo Perú, es decir, Verónika Mendoza, la otra líder de la izquierda, no podría competir aún a falta de inscripción.

Un exprocurador anticorrupción dijo a EL PAÍS que la posición extremista de Arana corresponde a quien solo “patea el tablero”, sin considerar las consecuencias de un Gobierno fujimorista –de transición– en los próximos meses, el que debe convocar y organizar las elecciones generales.

La ofensiva fujimorista continúa

Si bien la izquierda y Alianza para el Progreso han rechazado la actitud abusiva de la mayoría parlamentaria, Fuerza Popular, la estrategia fujimorista contra las instituciones democráticas continúa. La congresista Yeni Vilcatoma, expulsada del fujimorismo este año, pero que tiene iniciativas y vota alineada con esa agrupación, ha presentado una acusación contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en los mismos términos de la acusación constitucional que presentó en el Congreso, y que podría derivar en la destitución del alto funcionario. El CNM es el órgano que evalúa y decide el nombramiento de jueces y fiscales.

Vilcatoma sostiene que la Fiscalía de la Nación no investigó a las empresas constructoras peruanas en consorcio con Odebrecht. Sin embargo, la pesquisa era reservada, y después de la denuncia de la parlamentaria, el Ministerio Público ordenó diligencias que derivaron en la prisión preventiva de tres empresarios de las principales firmas peruanas de construcción.

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