Arturo Zaldívar | Ministro de la Suprema Corte de México

“Al sistema político le urgen ejemplos para remontar la credibilidad”

El juez habla de la sentencia que obliga al Congreso a regular el dispendio de la publicidad oficial

El ministro Arturo Zaldívar, en su despacho de la Suprema Corte.
El ministro Arturo Zaldívar, en su despacho de la Suprema Corte. Daniel Villa

La Suprema Corte de Justicia de México otorgó este miércoles el primer amparo que obliga al Congreso a redactar una ley. El fondo del asunto –que no tiene precedentes– es más controversial. El fallo avalado por cuatro de los cinco jueces de la primera sala del tribunal pretende regular el derroche de la propaganda gubernamental. Arturo Zaldívar (Querétaro, 1959), el ministro ponente, considera que la falta de reglas claras en materia de publicidad oficial provoca una censura indirecta y afecta la libertad de expresión. Los Gobiernos dan mucho dinero a las líneas editoriales afines y asfixian económicamente a los medios críticos. El Supremo ha dado al Congreso hasta el 30 de abril de 2018 para redactar una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución. Tan solo en 2016 el Gobierno federal y los locales gastaron más de 1.000 millones de dólares de dinero público en promocionarse. La sentencia ha sido considerada histórica porque podría acotar el carnaval de vanidad de los políticos.

Pregunta. Este jueves varios diarios nacionales llevaban la misma fotografía del presidente Enrique Peña Nieto inaugurando un hospital. Casi ninguno llevaba la noticia del fallo de la Corte.

Respuesta. No deja de llamar la atención esta cobertura mediática dispareja de una decisión de tal importancia. Queda en el aire esa sensación de que la regulación en esta materia se hace urgente e indispensable.

P. ¿Existen medios o grupos a los que no les gustó este fallo?

R. Decisiones como estas siempre son polémicas. No gustan a todo el mundo. Es presumible que haya ciertos sectores a los que un estado de las cosas sin legislación les viene bien por la discrecionalidad y por el tipo de relación que se puede dar entre medios y Gobierno. Es entendible que haya incomodidad y un tanto de incertidumbre: ¿qué va a implicar esta modificación cuando haya una ley? ¿A qué escenario nos vamos a enfrentar? Mi impresión es que en términos generales es una sentencia bien recibida porque abona a un mejor estado democrático, una libertad de expresión más robusta y un mejor derecho a la información.

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P. ¿Por qué se dice que es histórica?

R. Es la primera sentencia de la Corte que acepta al amparo como medio para proteger a la ciudadanía de una inconstitucionalidad por omisión.

P. ¿Qué quiere decir esto?

R. La omisión legislativa se da cuando hay un precepto constitucional que ordena al legislador a que reglamente o emita una ley y el legislador no lo hace. Hasta este momento esto solo podía ser impugnado, y con muchas reservas, a través de una controversia constitucional. Siempre se había pensado que el amparo no servía para esto porque el amparo puede impugnar normas que ya existían. La ciudadanía no tenía un medio de defensa frente a las muchas violaciones constitucionales de los poderes legislativos. A partir de ahora los ciudadanos tienen la posibilidad de generar procesos y juicios de amparo para exigir al Legislativo que legisle.

P. ¿Cualquier mexicano podrá acudir a los tribunales para quejarse de la inactividad del Congreso?

R. Cualquier ciudadano que tenga interés legítimo, que tenga una serie de características establecidas en la ley de amparo y que esté legitimado para acudir al juicio de amparo. No es tampoco cualquier ciudadano, pero sí se abre muchísimo el campo de acción para intereses colectivos.

P. ¿El fondo, en este caso, es la libertad de expresión?

R. La falta de reglamentación del artículo 134 en materia de publicidad oficial indirectamente afecta la libertad de expresión al generar censuras indirectas. De manera positiva beneficiando algunos medios afines a ciertas posturas. En sentido negativo castigando o restringiendo la publicidad oficial a medios críticos.

P. ¿El fallo protege a los medios críticos e independientes?

R. El legislador tendrá que cumplir con los principios que establece el artículo 134. Esto tiene que generar relaciones en materia de publicidad oficial más transparentes y equitativas. La sola emisión de la ley ya implica un cambio de reglas del juego. Eventualmente existe la posibilidad de que la ley se expida, pero que no cumpla a cabalidad con los principios. Esa ley podrá ser impugnada si el texto no se compadece con la Constitución. Eso es un paso posterior. En este momento hay que emitir la ley.

A partir de ahora los ciudadanos tienen la posibilidad de generar procesos y juicios de amparo para exigir al Legislativo que legisle

P. La publicidad oficial representa, para algunos medios, el 40 o 50% de sus ingresos. ¿La regulación no los colocaría al borde de la extinción?

R. Unas reglas del juego más claras van a permitir que los mejores medios de comunicación, que tengan una mayor credibilidad y profesionalismo, eventualmente tengan mejor fortuna que aquellos que no cuentan con esto y que viven nada más de la publicidad oficial.

P. ¿El fallo se convierte en una decisión política?

R. Yo haría votos para que el Congreso haga a un lado las diferencias partidistas y pueda lograr una reglamentación acorde a estos principios constitucionales. Me parece positivo que los coordinadores de las fracciones en el Senado han dicho que se cumplirá con la sentencia de amparo y que se pondrán a legislar a la brevedad la ley reglamentaria. Esta manifestación me parece extraordinariamente positiva.

P. Existen casos como la legalización de la marihuana o los matrimonios gay en los que el Legislativo tendría que haber actuado después de fallos de la Corte y no lo hizo. ¿Cómo se mantiene optimista?

R. Los casos son diferentes. El caso de marihuana y de matrimonios homosexuales no vincula directamente al Congreso. En este caso es un mandato directo al Poder Legislativo que emana de una obligación constitucional.

P. ¿Qué pasará si el Congreso no cumple?

R. Creo que no tenemos que discutir eso ahora. Tenemos que generar en México un cambio de cultura donde entendamos que cumplir las sentencias de los jueces y, particularmente del Tribunal Constitucional, es lo que nos hace consolidar y vivir en un Estado de Derecho. Tenemos que pasar a un nivel donde la regla general no sea que se incumplan las sentencias. Debemos superar esa situación.

P. Recientemente han destituido autoridades por desacatar órdenes de la Corte.

R. La Constitución faculta a la corte a destituir y consignar a las autoridades que no cumplan las sentencias de amparo. Lamentablemente, en México hay una gran cultura de incumplimiento de sentencias de amparo. Si el Congreso cumple con esta sentencia de la Corte se habrá dado un ejemplo de enorme madurez. Al sistema político le urgen ejemplos como este para remontar la credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía.

P. ¿Ayuda que los políticos teman incumplir la ley?

R. Esta sentencia puede crear un efecto positivo. Genera una luz de esperanza a la gente en este momento en que vivimos una crisis de legitimidad de las instituciones, de credibilidad y de desgaste de la clase política. Sentencias como esta pueden mandar un mensaje a la ciudadanía de que aún hay vías jurídicas para resolver conflictos y que hay instancias del Estado en las que se puede confiar. Y de que hay jueces que pueden estar comprometidos con los derechos y el desarrollo democrático de México.

Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard

Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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