La CNDH alerta sobre las condiciones de tortura y maltrato en los penales mexicanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una dura recomendación a la Comisión Nacional de Seguridad por la situación que persiste en los penales federales. El organismo autónomo alertó de factores de riesgo como la tortura, el maltrato, la insuficiencia de recursos humanos y de acciones para la protección de la salud de los reos, que afectan la reinserción social. Esta es la segunda recomendación que emite en menos de dos meses. En general, las cárceles mexicanas, tanto las que dependen de las autoridades federales como las que están bajo el control de los gobiernos locales, se caracterizan por el hacinamiento, sobrepoblación y la violencia al interior de sus instalaciones.

En el documento se expone que en marzo pasado un grupo conformado por 12 visitadores del Mecanismo Nacional contra la Tortura, llevó a cabo una visita de seguimiento a los diez centros federales donde detectó que en varios de ellos no existen actividades laborales remuneradas ni actividades educativas, de capacitación y deportivas. En los centros del Estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Durango y Sinaloa, el personal de seguridad, vigilancia y custodia es insuficiente para cubrir las necesidades de los establecimientos. “Esto dificulta a la autoridad mantener el orden y la disciplina, así como garantizar y resguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad, de quienes laboran en el establecimiento y de los visitantes”, se asienta.

Los visitadores también alertaron por la insuficiencia de personal médico y las fallas en el suministro de medicamentos, que inciden en la salud de los internos. En el penal de Nayarit el material de curación es insuficiente, en el de Veracruz se carece de consultorios médicos, mientras que en el de Chihuahua no se llevan a cabo programas de medicina preventiva.

La CNDH recomienda “llevar a cabo una valoración de las necesidades en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, disciplina y orden de los Ceferesos (Centros federales de readaptación social)”. Se le insta a gestionar ante las instancias correspondientes la contratación del personal con el perfil adecuado para lograr la reinserción social de los presos.

El panorama de las cárceles mexicanas es poco alentador. Los últimos disturbios se registraron la mañana de este lunes en el penal de Chiconautla, en el Estado de México. El Gobierno de la entidad informó que 300 policías habían tomado el control de las instalaciones después de una riña suscitada en protesta por el traslado de varios reos a otra cárcel. En Cadereyta, Nuevo León, el pasado 11 de octubre, 17 personas murieron en una riña después de que un grupo de internos tomara el control del penal y mantuviera como rehenes a tres custodios. Los rebeldes pedían la salida del director de la prisión, a quien señalaban por ser parte de uno de los grupos criminales que operan en la cárcel estatal.

A pesar de que hace más de un año entró en vigor una nueva ley en la materia que buscaba poner orden en las cárceles del país y mejorar las condiciones de los internos, los problemas se han intensificado. Expertos en reinserción social han advertido que estos hechos son una muestra del control que tiene el crimen organizado sobre las cárceles del país y que las autoridades no han podido revertir.

Datos recabados por el académico Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en temas penitenciarios, señalan que el 70% de los internos vive en condiciones de hacinamiento y en el 60% de los centros hay autogobierno –donde la autoridad no puede hacer cumplir los reglamentos del penal, y son los grupos hegemónicos de reclusos quienes imponen su poder–, lo que pone en una situación de vulnerabilidad al resto de los reclusos.