La violencia se dispara en las cárceles de El Bronco

17 personas han muerto en la última riña registrada en una cárcel en México. Riña, motín, secuestro frustrado, o cualquiera de los motivos por el que los centros penitenciarios se han convertido en un verdadero problema para las autoridades. La superpoblación, el hacinamiento, las riñas entre grupos rivales y la falta de guardias favorece la podredumbre del sistema carcelario. Lo decía este miércoles el portavoz de seguridad del estado de Nuevo León, Aldo Fasci. El martes, 17 personas morían en una cárcel estatal, esta vez en Cadereyta. Fasci apuntaba a la superpoblación y la falta de custodios como motivos principales.

Lo decía Fasci y lo dice cada año la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. En el informe de 2016, el ombudsman mexicano relata que el penal de Cadereyta sufre hacinamiento e insuficiencia de personal y apunta que los propios internos lo gobiernan.

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Con los 17 de Cadereyta, son ya 73 muertos en riñas, motines o peleas en cárceles del Estado de Nuevo León en menos de dos años, el mismo tiempo que Jaime Rodríguez El Bronco lleva de gobernador. Apenas hace una semana que El Bronco anunció que contendería en las elecciones presidenciales del año que viene.

Según Aldo Fasci, un grupo de internos tomó el control del penal el lunes por la noche. O, al menos, de parte del penal. La falta de filiación define a estos reos, alrededor de 40, que, según Fasci, "no es aceptado por ninguno de los otros grupos". Los rebeldes tomaron de rehenes a tres custodios y exigieron, al parecer, la salida del director del penal, a quien asocian con una de las bandas de la prisión. Fasci dice que dialogaron con ellos, pero que no dio resultado. Los custodios seguían retenidos y las autoridades dieron de plazo hasta las 14.00 del martes para que "las cosas se tranquilizaran".

Hay un video de cuando las cosas aún no estaban tranquilas. Por las voces y los sonidos, parece que lo graba un interno desde lo alto. En las imágenes aparece un grupo de presos apedreando a un contingente de agentes policiales. Les tiran piedras y también palos. Los policías huyen.

Entre tanto -no se sabe cuándo, ni cómo, ni el por qué específico de cada caso- los cadáveres empezaban a acumularse. De los 17, al menos dos aparecieron quemados.

En la entrada, familiares de internos aguardaban noticias de los suyos. ¿Qué había pasado? ¿Quién había muerto? Desplazado a la zona, el fiscal estatal, Bernardo González, solo ingresó después de recibir unos cuantos golpes y empujones.

El martes por la tarde, varios grupos de internos -¿los mismos? ¿Los mismos y nuevos rebeldes?- se atrincheraron en las azoteas con los rehenes. Según Aldo Fasci, les golpearon con saña y luego amenazaron con lanzarlos al vacío. Fue entonces cuando los responsables de la seguridad estatal ordenaron a la policía que entrara por ellos. "Se hizo uso de la fuerza letal", dijo Fasci. De los 17, la policía mató al menos a dos.

Además de los muertos, la riña ha dejado al menos 31 heridos, cuatro en estado crítico. El fiscal González ha indicado este miércoles que la dependencia investiga a 54 presos que podrían haber participado en el motín, la riña o el asesinato de alguno de sus compañeros.

El evento del martes es el segundo parecido que registra el penal de Cadereyta este año. En marzo, un grupo de reos inició una protesta contra la dirección del penal. Exigían que dejaran de realizarse revisiones de rayos X, que las autoridades usan para evitar que las drogas lleguen a los pabellones. Los reos quemaron dos plantas. Cuatro internos murieron y 21 resultaron heridos.

En total, son 72 muertos en penales de Nuevo León en menos de dos años. En febrero de 2016, un riña entre grupos rivales dejó 49 cadáveres en el penal de Topo Chico, muy cercano a Monterrey, la capital. En junio, otra pelea dejó tres muertos y 19 heridos.

Como en Cadereyta, las condiciones de la cárcel de Topo Chico son malas. El centro está sobrepoblado, los internos tienen el control y no hay guardias suficientes para revertir o al menos controlar la situación.

En general, la CNDH considera que los penales de Nuevo león no garantizan la integridad del personal interno, ni la estancia digna de los presos y concluye que las condiciones de gobernabilidad son nulas.