La batalla política en México bloquea la aprobación de los Presupuestos

Sin procurador (fiscal) general, a punto de entrar en un impasse político hasta las elecciones de julio del año que viene y con el riesgo de que la luz verde del Legislativo a los Presupuestos llegue después de lo previsto: así encara México el tramo final de 2017. En una sesión tumultuosa, la oposición paralizó el martes en el Senado la discusión de la ley de ingresos —uno de los pilares de las cuentas públicas del año que viene— en señal de protesta por la destitución de Santiago Nieto, el fiscal que denunció presiones del exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, y por la forma en la que se trató de votar su restitución. En la práctica, sin el visto bueno del legislativo a esa ley —inicialmente previsto para este miércoles por la tarde— no hay Presupuestos para 2018. La cuenta atrás ha comenzado: si quiere evitar retrasos, la Cámara Alta mexicana tiene que dar su visto bueno al texto antes del martes de la próxima semana.

“No habrá ley de ingresos hasta que se resuelva esta crisis”, resumió Mario Delgado, senador del izquierdista Morena y secretario de la Comisión de Hacienda, el órgano que debería haber debatido hoy la propuesta presupuestaria del Ejecutivo de Enrique Peña Nieto. “Si ellos están forzando las cosas, nosotros también podemos”, añadió el coordinador del PRD (centroizquierda). Por unanimidad, ambos partidos y el conservador PAN —la segunda fuerza política en el Senado— acordaron paralizar la sesión sobre el presupuesto público del próximo año hasta que el PRI no reconsidere su postura sobre la fórmula para votar la restitución del fiscal Nieto.

El paso de ley de ingresos por la Cámara de Diputados, la semana pasada, ya había suscitado polémica. Los legisladores de PRI, PAN y PRD dieron su visto bueno a las cuentas tras acometer dos ajustes que no sentaron nada bien a los economistas independientes: elevaron el tipo de cambio previsto para el cierre del año (los 18,1 pesos por dólar iniciales pasaron a ser 18,4) y, sobre todo, aumentaron su proyección del precio de exportación del petróleo para 2018 hasta los 48,5 dólares, 1,5 más de lo que pronosticaba el Gobierno en el texto inicial. Aunque la importancia del crudo en las cuentas públicas mexicanas se ha reducido en los últimos años, algo más de uno de cada 10 pesos ingresados por el Estado todavía depende directamente del petróleo.

En el primer caso, los últimos movimientos en el mercado de divisas —el peso ha perdido fuelle en las últimas semanas, a medida que han ido creciendo las dudas en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con EE UU y Canadá— permiten pensar que la previsión del Congreso será más atinada que la del Ejecutivo. En el segundo, el pronóstico parece menos plausible: aunque la mezcla mexicana ha ganado brío a medida que el precio del crudo se recuperaba en los mercados internacionales, los expertos no esperan que esta tendencia se prolongue indefinidamente.

Los especialistas más bien creen que se trata de una maniobra para integrar los costes de reconstrucción tras los terremotos del pasado mes de septiembre, que asolaron el centro y el sur de México, sin tener que recortar ninguna partida de gasto ni verse abocado a acudir al endeudamiento para financiar este imprevisto que, lógicamente no contemplaban las cuentas originales —elaboradas antes del segundo sismo, el que más daños humanos y materiales causó—.

Con los ajustes, casi por arte de magia, todo cuadra: gracias a los cambios en las previsiones de tipo de cambio y de cotización del crudo, la previsión de ingresos se dispara en 43.300 millones de pesos (2.250 millones de dólares), monto equivalente al 90% del coste previsto de reconstrucción de las zonas más golpeadas por los sismos. Una solución artificial que, según los economistas especializados en política fiscal consultados, no soluciona el problema de fondo: si los astros no se alinean, harán falta más ingresos o se incurrirá en un déficit mayor del previsto. Todo ello, en pleno debate sobre la necesidad de un Consejo Fiscal que vigile y emita recomendaciones sobre el manejo de las finanzas públicas, una eterna petición del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no termina de cristalizar en México.