Morena exige el cese del embajador Francisco Arroyo

La diputada Sandra Luz Falcón, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió este jueves la dimisión del embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra. El diplomático del PRI, exsenador y expresidente de la Cámara de diputados, ocultó en un banco de Andorra durante años 1.2 millones de dólares recibidos de Salinas Arrambide y Asociados, un despacho de abogados de la Ciudad de México. Posteriormente, Arroyo entregó un contrato mediante adjudicación directa al mismo bufete mientras presidía la Mesa directiva de la cámara baja. “Estamos exigiendo inmediatamente el cese como embajador para que pueda fincársele las responsabilidades correspondientes”, consideró la legisladora.

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La presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores fueron consultadas por la investigación publicada este jueves por EL PAÍS. Ambas instituciones rechazaron dar una postura. Sin embargo, el tema fue discutido al inicio de la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados. “No hay nada que esconder, está declarado en los impuestos debidamente pagados”, dijo el diputado Ricardo Ramírez Nieto en defensa del embajador Arroyo, su compañero de partido. El legislador, originario de Guanajuato como el diplomático en cuestión, consideró las revelaciones de este diario imputaciones “falsas, temerarias y sin sustento”.

El PAN, sin embargo, se sumó a la exigencia de transparencia. “Debe ser revisado por la Secretaría de la Función Pública. Aquí no se trata de encubrirnos mutuamente”, señaló el diputado Enrique Corona Rodríguez. “Creo que [Arroyo] como expresidente de la Mesa directiva pudo haber un conflicto de interés”. El legislador, otro representante del estado de Guanajuato, dijo que Arroyo debe rendir cuentas y que el ministerio encargado de la probidad de los funcionarios públicos debe investigar los hechos.

La sociedad civil ha respondido a una nueva publicación sobre supuesta corrupción política. “Esto coincide con una política de designar a funcionarios impresentables que son cercanos al actual Gobierno”, consideró Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de estudios que ha exigido mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a los políticos en los últimos años. Zapata asegura que la Administración de Enrique Peña Nieto ha privilegiado a políticos sobre diplomáticos de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Arroyo, un veterano legislador del PRI, entró a la Cancillería después de dejar su cargo como diputado en la pasada legislatura. La investigadora del IMCO consideró que el embajador en Uruguay incurrió “de manera evidente” en un conflicto de interés al otorgar un contrato de forma directa a un despacho de abogados con el que había litigado. Arroyo reconoció el pago. Dijo, en su defensa, que había sido un error cobrarlo en Andorra, pero que había trasladado el dinero a México pagando los impuestos. Dijo que el pago fue por un trabajo del que no reveló su naturaleza “por secreto profesional”.

Arroyo, como muchos otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no han transparentado sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de pago de impuestos. La entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) lo hace obligatorio para los funcionarios públicos a partir de julio de este año. 

“Arroyo está obligado a demostrar el origen lícito de los recursos”, considera el abogado Luis Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA. El letrado es parte de uno de los órganos que han nacido recientemente en México para hacer frente a uno de sus mayores males, la corrupción. El Comité está determinando el formato en que los funcionarios deberán presentar sus declaraciones patrimoniales y de interés. Antes de eso no había esquema ni mecanismo que obligara a los funcionarios a declarar sus relaciones con empresas o personas morales.

Para Pérez de Acha el conflicto de Arroyo tiene una fácil solución. “Suponiendo que los recursos de Arroyo son lícitos, ¿pagó el impuesto correspondiente, el impuesto sobre la renta de los 1.2 millones de dólares?”, cuestiona. Y agrega: “Que solo muestre la carátula de su declaración de impuestos. Solo necesita eso”.

"Habría que revisar bien el expediente para ver cómo es y bajo qué condiciones se dio esta adjudicación directa al despacho", consideró Zapata. Actualmente, el SNA e instituciones como el IMCO se encuentran trabajando para impedir conductas en zonas grises como la de Francisco Arroyo. "El secreto fiscal, el secreto bancario, la reserva de la información por causas de interés público y la inactividad institucional, en buena medida, potencian la impunidad en México", considera el abogado Pérez de Acha. "Frente a eso la ciudadanía y el Comité estamos desarmados".