Tres días de batalla en el Tribunal Constitucional por el aborto en Chile

A primera hora de este miércoles el Tribunal Constitucional chileno comenzó a escuchar a las 135 organizaciones que durante dos días expondrán a favor y en contra del proyecto que permite el aborto en tres causales, una iniciativa del Gobierno de Michelle Bachelet aprobada recientemente por el Congreso. Las audiencias públicas, que se prolongarán en ambas jornadas hasta la medianoche, antecederán a los alegatos de este viernes de la derecha, el Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Los 10 ministros del organismo, luego de exponer sus argumentos y votar, esa misma jornada darían a conocer su decisión sobre la despenalización de las interrupciones del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

En Chile el aborto está prohibido en todas las circunstancias, aunque de todas formas se practican unos 70.000 procedimientos. Por su clandestinidad, se realizan en condiciones de extrema inseguridad para las mujeres. Aunque fue aprobado por el Parlamento a comienzos de agosto, la derecha recurrió al Tribunal Constitucional como una última medida para impedir su promulgación, argumentando que la Carta Fundamental de 1980 consagra el derecho a la vida.

En Chile, sin embargo, existía aborto terapéutico desde 1931. Recién en 1989, pocos meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, el régimen militar determinó que no podría ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. En los 27 años de gobiernos democráticos hubo múltiples proyecto de ley para revertir la situación, pero quedaron siempre rezagados en el Congreso. Aunque este proyecto apenas permitiría despenalizar un pequeño porcentaje de los abortos que se realizan en Chile –los casos de mayor gravedad–, representa un avance simbólico para las chilenas.

La sociedad civil se halla movilizada ante las históricas jornadas donde el Tribunal Constitucional –en audiencias que se pueden seguir en línea– ha comenzado a escuchar las posiciones de partidos políticos, ONG’s, iglesias y fundaciones.

Una de las primeras en exponer fue Lidia Casas, directora del centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP): “Una mujer es un ser humano digno y no un simple medio de reproducción humana”. La abogado recordó que el 87% de las niñas agredidas sexualmente en el país son menores de 14 años: “La revisión de la información disponible muestra una realidad alarmante por su extensión y porque confirma la alta prevalencia que la violencia sexual tiene en niñas y adolescentes, de todos los sectores sociales. La violencia sexual tiene rostro de niña”.

La diputada comunista, la exlíder del movimiento estudiantil, Camila Vallejo, señaló: “Esperamos que este Tribunal Constitucional respete por sobre todo a las mujeres de nuestro país”.

En representación de la Universidad Católica, en tanto, el abogado Patricio Zapata defendió la idea de que “existe individuo de la especie humana desde el principio de la vida uterina”.

Algunos grupos contrarios al proyecto se manifiestan desde temprano fuera de la sede del Tribunal Constitucional, en el centro de Santiago de Chile. Un grupo de 43 humanistas cristianos –entre los que se hallan militantes democristianos del oficialismo– firmaron una declaración que pide no excluir al no nacido de la titularidad de derechos humanos.

La comunidad internacional no ha estado ausente del debate. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) entregó un texto al Tribunal Constitucional en donde se analizan los estándares internacionales de regulación de interrupción del embarazo en el mundo y se destaca que Chile es uno de los pocos países que no cuenta con una legislación, pese a las recomendaciones de la ONU. Firmado por Amerigo Incalcaterra, solicita al organismo que rechace el requerimiento de la derecha y declare constitucional el proyecto de despenalización del embarazo en tres causales.

Chile se halla hasta ahora en el grupo de los siete países que persiguen las interrupciones del embarazo en todas las circunstancias: Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras.