El Senado chileno aprueba la despenalización del aborto en tres casos

El Senado chileno aprobó este miércoldx uno de los proyectos de ley fundamentales del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018): la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Con esta resolución de la Cámara Alta, que se someterá a votación en la Cámara de Diputados este jueves, Chile se halla a un paso de dejar el grupo de los siete países que persiguen las interrupciones del embarazo en todas las circunstancias (Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras).

“Es una mañana histórica”, señaló la presidente Michelle Bachelet. “Lo que permite esta ley es que seamos un país donde las mujeres frente a diversas situaciones puedan tomar la mejor decisión posible”.

Aunque ha sido aprobado por el Senado, donde se hallaban las principales trabas para el proyecto, la iniciativa deberá pasar nuevas pruebas. La derecha anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para impugnar la normativa, lo que retrasaría su despacho y promulgación en el caso de que el órgano autónomo no presente objeciones, como busca la oposición. “Este proyecto remite convicciones distintas y personales y siempre ha habido libertad de opinión”, indicó la ministra de la Mujer, Claudia Pascual. “Pero como Ejecutivo nos hemos preparado para ese escenario y lo vamos a defender en el Tribunal Constitucional”.

En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931, incluso antes de que las mujeres conquistaran el derecho a voto en 1949. Pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, el régimen dictaminó: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. La ley lo prohíbe y también lo persigue. Entre 2010 y 2014, hubo 497 imputados por aborto consentido, de acuerdo a la información de la ONG Miles Chile: 86% mujeres y 14% hombres.

La iniciativa aprobada por el Senado chileno pretende despenalizar un pequeño porcentaje de los cerca de 70.000 abortos que se realizan anualmente en Chile, pese a su ilegalidad. “Las maniobras utilizadas son variadas y, en consecuencia, los precios y riesgos para la vida y la salud de quienes se someten a ellas también son diversos”, señala el capítulo sobre aborto del Informe de Derechos Humanos 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP). Los procedimientos pueden costar unos 7.000 dólares y una búsqueda simple por internet lleva a webs donde verdaderas mafias ofrecen por 100 dólares las dosis de cuatro pastillas de misopostrol, el medicamento que ayuda a acelerar el parto o a interrumpirlo hasta las 12 semanas de gestación.

Como es una práctica clandestina, las chilenas que interrumpen sus embarazos deben soportar graves situaciones de abusos. El mismo informe de la UDP relata el caso de una mujer cuyo aborto fue sin anestesia y, debido al dolor, se desmayó tres veces. El médico le dijo que si se desvanecía nuevamente, no le iba a realizar la intervención. Algunos piden el pago en efectivo y hasta favores sexuales.

El proyecto fue discutido por dos años, pero desde llegada la democracia, en 1990, los gobiernos de centroizquierda no tuvieron ni la fuerza ni contaron con las condiciones políticas para despenalizar al aborto en los casos de mayor complejidad. En mayo de 2014, a dos meses de iniciar su segunda Administración y como había prometido en la época de campaña y en su programa, Bachelet anunció su proyecto de ley en la primera cuenta pública ante el Congreso. En febrero de 2015, la socialista despachó la iniciativa legal al Parlamento. En marzo de 2016, en un primer trámite legislativo, la Cámara aprobó la despenalización en tres casos.

A menos de ocho meses de que finalice este Gobierno, con la derecha en una posición de ventaja para quedarse con La Moneda en el próximo período (2018-2022), la presidente y ex directora de ONU Mujeres dio el paso de mayor relevancia para sacar adelante su iniciativa al lograr la aprobación del Senado.

Fue un proceso cargado de complejidades, que tuvo entre sus opositores a la Iglesia católica y a grupos conservadores tanto de la derecha como del centroizquierda. La sociedad civil y las agrupaciones de mujeres jugaron un papel importante para presionar por la despenalización y lograr informar a la ciudadanía que, de acuerdo a diferentes estudios, apoya el proyecto de Bachelet al menos en un 70%.