La despenalización del aborto se enreda en el Congreso chileno

La Administración de Michelle Bachelet predecía que su proyecto de despenalización del aborto tendría un trámite sencillo en la Cámara de Diputados, donde se debía ratificar la aprobación de este miércoles en el Senado. Pero aunque los parlamentarios aprobaron la interrupción del embarazo cuando hay riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, el proyecto deberá seguir esperando para su total despacho en el Parlamento. La sorpresiva abstención de un democristiano derrumbó la mayoría que el oficialismo tiene en la Cámara Baja y la iniciativa que se ha discutido por dos años pasará a una comisión mixta, compuesta por senadores y diputados, con el objetivo de resolver las diferencias entre ambas corporaciones.

El proyecto estaba a un paso de aprobarse totalmente después de la votación en el Senado, donde se hallaban las principales trabas a uno de las propuestas fundamentales del segundo Gobierno de Bachelet (2014-2018). El Ejecutivo contaba con la mayoría entre los diputados del Congreso, donde efectivamente se aprobaron las tres causas de despenalización del aborto. Pero en un artículo se necesitaba un alto porcentaje de respaldo, el que se refería a las atribuciones y competencias de los Tribunales de Justicia en caso de que menores de 14 años decidan interrumpir su embarazo y no cuente con la autorización de alguno de sus tutores legales. La abstención del diputado democristiano Marcelo Chávez provocó que este punto deba ser revisado por la comisión mixta.

La tardanza en el despacho total del proyecto preocupa a La Moneda. La derecha anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para echar abajo el proyecto de Bachelet. El Ejecutivo apostaba a que fuera revisado por este órgano autónomo antes del 29 de agosto, cuando cambiará de presidente y asuma Iván Aróstica, exfuncionario del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Pero luego de que la comisión mixta revise el artículo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados deberán nuevamente celebrar una votación, lo que no ocurrirá antes de la primera semana de agosto.

“Los milagros existen”, indicó la diputada María José Hoffmann, del partido de oposición UDI. La parlamentaria comunista Karol Cariola afirmó: “Lamento profundamente que parlamentarios de la Nueva Mayoría, estando en la sala, no hayan apoyado el proyecto con su voto”.

En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931, incluso antes de que las mujeres conquistaran el derecho a voto en 1949. Pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, el régimen dictaminó: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. La ley lo prohíbe y también lo persigue. Entre 2010 y 2014 hubo 497 imputados por aborto consentido, de acuerdo a la información de la ONG Miles Chile: 86% mujeres y 14% hombres. Hasta ahora, Chile se halla en el grupo de los siete países que persiguen las interrupciones del embarazo en todas las circunstancias (Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras), aunque se estima que se realizan unos 70.000 abortos ilegales anualmente.

A menos de ocho meses de que finalice este Gobierno en marzo de 2018, con la derecha en una posición de ventaja para quedarse con La Moneda en el próximo período (2018-2022), la presidenta Bachelet y ex directora de ONU Mujeres pretende dejar aprobado la despenalización del aborto en los tres casos de mayor gravedad, como han pedido a Chile en reiteradas ocasiones organismos como Naciones Unidas.