“Chile tiene una de las leyes más draconianas respecto al aborto”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por primera vez ha conocido este miércoles el caso chileno y su legislación vigente desde 1989, poco antes que finalizara la dictadura de Augusto Pinochet, que penaliza los abortos en todas las circunstancias. A menos de 10 meses para que finalice en Chile el mandato de Michelle Bachelet, cuyo programa de Gobierno contemplaba la despenalización del aborto bajo tres circunstancias, organizaciones que abogan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres temen que la iniciativa legal finalmente no se lleva adelante y manifestaron su preocupación ante la Comisión reunida en Buenos Aires.

"Chile todavía tiene una de las leyes más draconianas en el mundo respecto al aborto, considerado un acto criminal en toda circunstancia", ha señalado a través de un vídeo la escritora chilena Isabel Allende, cuya fundación fue una de las patrocinadoras de la presentación, junto a Miles Chile y al Centro de Derechos Reproductivos. "Recientemente el Congreso aprobó finalmente el aborto en tres excepciones: peligro de muerte inmediata de la madre, inviabilidad del feto fuera del útero y violación. Pronto la ley será discutida en el Senado, donde puede ser postergada indefinidamente, a pesar de que el 71% de la población está a favor. El mayor obstáculo para que la ley sea aprobada es la violación", agrega.

En el país hay unos 38.000 embarazos adolescentes cada año. Solo en 2015 se produjeron 166 nacimientos de madres de entre 11 y 13 años, de acuerdo a la información del Registro Civil. "La mayoría es producto de la violencia sexual. En Chile, el 89% del abuso se da al interior del hogar", señala Claudia Dides, directora ejecutiva de Miles Chile.

La autora de La casa de los espíritus ha relatado que aunque la violencia sexual no discrimina, cuando se produce el embarazo las opciones de la mujer para enfrentar la situación son discriminatorias en su país. "Las mujeres y niñas de mayores recursos tienen acceso a anticonceptivos orales o pueden obtener un aborto en forma discreta, disimulado bajo el nombre de otra intervención obstétrica. Sólo es cuestión de pagar", ha señalado la escritora chilena.

Pero ha recordado, por otra parte, lo que sucede con las niñas pobres: "Especialmente en las zonas rurales, no tienen las mismas opciones. Por ejemplo, en 2013, a Belén, una niña de 11 años, violada por su padrastro, se le negó un aborto terapéutico, que se recomienda en casos de riesgo sustancial para la madre. No hubo ayuda para Belén, una niña obligada a tener un niño. Esto seguramente no le ocurriría a la hija o la nieta de cualquiera de los miembros del Senado que ahora están en posición de votar sobre la legalización del aborto en caso de violación", ha reclamado la autora.

En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931. Seis meses antes de que terminara la dictadura, en septiembre de 1989, se dictaminó: "No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto". La ley lo prohíbe y también lo persigue. En 2012, por ejemplo, había 221 chilenas cumpliendo algún tipo de pena por abortar o ayudar a realizar esta práctica. De acuerdo con Dides, se han procesado a 182 mujeres y 89 hombres entre 2010 y 2014.

Los gobiernos democráticos en 27 años no han evitado que se realice el aborto de manera clandestina. Aunque es difícil de cuantificar, se estima que anualmente se producen entre 140.000 y 160.000 interrupciones del embarazo que, por tratarse de una práctica prohibida, se ejecutan en condiciones precarias y de inseguridad para las mujeres.

A pesar de que el Gobierno de Bachelet pretende despenalizarlo al menos en las tres circunstancias de mayor gravedad, como prometió la presidenta desde la época de campaña, las diferencias que existen al interior del oficialismo han dificultado su tramitación. Actualmente, solo una decisión del Ejecutivo de apurar la discusión en el Parlamento haría posible que se pueda aprobar con prontitud, antes de que otra Administración llegue a La Moneda en 2018. "Las decisiones políticas requieren de coraje", ha señalado el comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, luego de escuchar a los expositores.

Junto a los representantes de las tres organizaciones, ante la CIDH expuso su testimonio la chilena Paola Valenzuela, que se vio obligada a llevar adelante un embarazo con malformaciones graves, porque los servicios de salud chilenos no le dieron ninguna otra alternativa. "Hay que rezar, pedir a Dios que las cosas salgan bien", le decían los profesionales. Efectivamente su hijo murió en la semana 22 de gestación: "Lo llevé a mi hijo al cementerio. Después de todo lo que pasé, para el Estado chileno, mi hijo era sólo un N.N. Para mí, lo era todo", ha relatado la chilena ante la comisión. "Si yo estoy aquí contando mi historia, es para que ninguna mujer junto a su familia pase por este dolor. Las cosas deben cambiar en mi país", ha indicado la mujer de 42 años, casada y madre de un niño de 13.

Isabel Allende ha señalado que como mujer, madre y abuela defiende el derecho de mantener control sobre su propio cuerpo, por lo que ha solicitado "respetuosamente a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienden encarecidamente al Gobierno chileno que despenalice el aborto en caso de violencia sexual o violación". "Este es un derecho humano básico", ha dicho la escritora chilena viva de mayor éxito internacional.