Venezuela secuestrada

Nicolás Maduro se ha transformado en un dictador. Ya no se comporta como un representante democrático, sino como el secuestrador de la voluntad popular. La última maniobra para reforzar ese cautiverio es la convocatoria a una Asamblea Constituyente cuya consecuencia más inmediata sería la suspensión de todo cronograma electoral. Los numerosos líderes opositores encerrados en sus prisiones son la cruenta metáfora de un confinamiento al que está sometida toda la nación.

Los venezolanos intentan emanciparse de ese yugo. Esperan una presión más vigorosa de la comunidad internacional. Y se movilizan. A medida que el Gobierno se vuelve más opresivo, la Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a la oposición, evalúa nuevas estrategias para resistir. El objetivo es que la Administración termine de hundirse en una crisis.

El chavismo se está volviendo más tiránico porque los venezolanos perdieron la paciencia

Uno de los planes consiste en reorganizar las manifestaciones. Hasta ahora el impulso llegó desde las capas medias, que se lanzan sobre las grandes avenidas. Los sectores más desamparados se incorporan, después, a esa corriente. Ahora se analiza promover protestas en los barrios más humildes de Caracas, como Catia, La Vega o Petare. Son laberintos precarios, donde se siente todo el rigor de la escasez. Allí los militares se resisten a ingresar por temor al descontrol. El propósito está claro: poner en crisis el aparato represivo de Maduro. Ya existen algunos indicios de desobediencia militar. Hace 10 días, el líder opositor Henrique Capriles informó que habían sido detenidos 85 oficiales de la Fuerza Armada por negarse a atacar a un grupo de manifestantes.

El otro programa de resistencia son los trancazos, como el que comenzó este lunes. En el interior del país pueden volverse estratégicos. Hay regiones donde estos cortes tienen derivaciones inquietantes. En Mérida, Trujillo o San Cristóbal, sobre los Andes, los trancazos bloquean el abastecimiento de verduras y hortalizas para las grandes ciudades. Algo parecido sucede con la ganadería en la zona zuliana, es decir, en municipios como Perija o Colón, donde se produce el 70% de la carne y el 30% de la leche que se consume en Venezuela. El Gobierno no está en condiciones de enfrentar el desabastecimiento. Entre otras cosas, porque carece de divisas para importar la mercadería.

La tensión provoca fisuras en el equipo de Maduro. El jueves pasado fue removida la ministra de Salud, Antonieta Caporale, por divulgar estadísticas del año 2016 que demostraron el incremento de la mortalidad materna e infantil. También la reaparición de enfermedades que se suponían erradicadas, como la malaria y la difteria. Caporale desnudó las falacias de su jefe, para quien en Venezuela no existe una crisis humanitaria.

Es posible que Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, siga los pasos de la ministra de Salud. Ortega Díaz levantó su voz a fines de marzo cuando el Tribunal Supremo avanzó sobre las facultades de la Asamblea Nacional. Una versión insistente indica que Maduro estudia sacarla de la Fiscalía después de que Ortega criticara el sometimiento de civiles a la justicia militar.

Desde comienzos de año, cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional capturó al diputado Gilber Caro y a la activista Steyci Scalona, el uso de los tribunales militares para hostigar a los opositores se ha vuelto más y más frecuente. Más de 250 detenidos están expuestos a los juzgados castrenses. Para justificarlo se les acusa de planear acciones terroristas. La utilización de este fuero, que violenta cualquier garantía constitucional, no pretende nada más que amedrentar. Obedece también a la ineficacia de los magistrados ordinarios. Del colapso estatal venezolano sólo se salva el núcleo represivo.

El chavismo se está volviendo más tiránico porque los venezolanos perdieron la paciencia. Pero también porque Maduro y los jerarcas que lo rodean se encuentran sin salida. Reaparece el eterno círculo vicioso. El autoritarismo conduce a la corrupción. Y la corrupción impide el abandono del poder, alimentando el autoritarismo.

Las figuras más encumbradas del Gobierno podrían sufrir condenas en el exterior si pierden el poder. El Estado se ha vuelto una guarida. Por eso se suspende todo cronograma electoral. El diputado Diosdado Cabello, que hasta enero del año pasado presidió la Asamblea Nacional, es investigado por presuntas conexiones con el narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. En noviembre de 2016, dos sobrinos de la esposa de Maduro, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron condenados en Nueva York por tráfico de drogas.

En los últimos días este problema se agravó. El jueves pasado, un fiscal neoyorquino acusó al ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, de enriquecerse protegiendo a narcos que trafican cocaína por Centroamérica, México y Estados Unidos. Dos días antes, el Departamento del Tesoro comunicó que existen documentos capaces de probar que el vicepresidente Tareck el Aissami, y su prestanombre, Samark José López Bello, son narcotraficantes.

Cada vez que hubo una iniciativa de diálogo con el Gobierno, la oposición reclamó la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario, garantías para la independencia de poderes y restitución de las facultades de la Asamblea Nacional. En ninguna tratativa se contempla un monto de impunidad para Maduro y sus colaboradores. Para ellos se trata de una garantía indispensable. Es lo que exige todo secuestrador acorralado a cambio de no liquidar a su rehén.