La Porkycracia

Se sabe que el profesor Michelangelo Bovero inventó el término kakistocracia (“el gobierno de los peores”) para describir el estado de corrupción generalizada del poder institucional italiano de la segunda mitad del siglo XX. Esta semana, en México, una nueva palabra ha enriquecido el léxico de los estudios políticos, tras la enésima ola de indignación nacional. Ha comenzado a hablarse de “porkycracia”.

Los Porkys, por si alguien andaba en Kamchatka y no se enteró, son el grupo de Juniors veracruzanos, que, en enero de 2015, violaron a una muchacha de 17 años. Cuando el avance del proceso judicial los puso en aprietos, los Porkys (ante la pasividad de las autoridades y con la bendición de sus “aristocráticas” familias) se dieron a la fuga. Gerardo Rodríguez, uno de ellos, fue capturado y liberado después, ya que las indagaciones mostraron que, supuestamente, no había participado en los hechos. Prófugo sigue otro, Jorge Cotaita. Uno más, Enrique Capitaine, está preso. El último de los cochinitos, Diego Cruz, fue detenido en España y se le extraditó.

Esta semana, el juez tercero de distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, consideró buena idea emitir un auto de liberación para Cruz, por considerar, que, aunque quedaba claro que le había hecho tocamientos a la denunciante, éstos habrían sido realizados, según su interpretación de la ley, “sin intención lasciva”. ¿Pero qué otro motivo podría haber llevado a Cruz a tocar los senos e introducir los dedos en la vagina de la menor, quien iba sola con los puercos a bordo de una camioneta? La resolución del juez no lo aclara.

La reacción social le cerró el paso a la rutinaria impunidad. Si las tardanzas, vacilaciones, lentitudes y omisiones a lo largo de todo el proceso de los Porkys han causado escozor, este intento de exculpación hizo derramarse las bilis nacionales. Exhibido en las redes con el mote de #JuezPorky, acusado de recibir sobornos o de ser, simplemente, un machista, un inepto y un prevaricador, Anuar González Hemadi pidió ser apartado del caso. Comenzaron a circular fotografías suyas (en ocasiones, cosa preocupante, acompañadas por imágenes del resto de su familia) y hasta sus datos personales. Horas más tarde, el Consejo de la Judicatura, órgano encargado de revisar el comportamiento del Poder Judicial, informó que el juez sería suspendido y se iniciaría una investigación de su fallo.

Los ánimos no se han serenado, sin embargo. Porque los mexicanos, cada día en mayor número, están cansados de la cínica forma en que los ricos y poderosos cometen toda clase de tropelías y la ley es incapaz de tocarles un pelo (abundan también, por supuesto, en foros y espacios de opinión, los oficiosos especializados en negar que nada de lo que ocurre en el país sea un delito: ni hay desaparecidos, dicen, ni levantados, ni acoso ni violaciones y todo lo que sucede, por parafrasear la joya que soltó en otro contexto el presidente Peña Nieto, “está en la mente”).

Eso, justamente, es la “porkycracia”: el gobierno absoluto de los impunes, la impunidad total de los poderosos. Y el hartazgo que produce va más allá de los Juniors veracruzanos: alcanza al diputado chihuahuense Antonio Tarín, quien se atrincheró en San Lázaro hasta obtener un amparo para no ser detenido por el caso de corrupción que se sigue en su contra. Es su ex jefe y ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien pudo huir tranquilamente antes de ser detenido por gracia del mismo proceso. Es su “gemelo espiritual” Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y candidato al récord Guinness del político más corrupto del mundo, quien lleva casi seis meses prófugo, riéndose del país. Es el tartamudeo de la líder del PRD, Alejandra Barrales, al intentar dejar en claro los enjuagues que hizo para obtener propiedades millonarias en Miami. Y eso, sólo por mencionar las notas que han copado los encabezados nacionales de las últimas semanas.

A derecha, izquierda y centro, la política y la vida mexicana parecen a merced de una legión de abusadores profesionales. Una “porkycracia”, vamos.