La ley que buscaba frenar los robos de combustible en México no ha logrado disminuirlos

La ley que endurece las penas contra el robo de combustible en México no ha logrado frenar este ilícito. A un año de que entró en vigor la norma que buscaba acabar con el lastre que representa este delito para Petróleos Mexicanos (Pemex), las tomas clandestinas aumentaron un 33% y las autoridades ministeriales sólo lograron llevar 33 investigaciones ante un juez, sin que esto signifique que en el total de los casos los involucrados hayan sido condenados. En promedio cada dos horas se perfora algún ducto ilegalmente y el impacto económico que se genera por el mercado ilícito de hidrocarburos asciende a 40.000 millones de pesos al año (unos 2.000 millones de dólares), según estimaciones del legislativo mexicano.

La proliferación de las actividades de la delincuencia organizada en la última década propició un incremento significativo de tomas clandestinas. A diferencia de hace años, cuando el saqueo de los ductos estaba en manos de pequeños ladrones en ciertas regiones, ahora está en manos de las grandes organizaciones criminales y se ha extendido a todo el país. La amplitud del sistema de ductos que tiene Petróleos Mexicanos a lo largo del país (68.000 kilómetros) y la ubicación de una mayoría de estos en zonas en despoblado es aprovechado para la sustracción ilícita de hidrocarburos, a través de tomas clandestinas.

La sustracción, el transporte, el abastecimiento y la venta de los hidrocarburos de origen ilícito no se encontraba tipificada como de gravedad en la legislación mexicana. Ante la dificultad de capturar a las personas en flagrancia, el índice de aprehensiones ha sido muy bajo en comparación con el número de delitos que se cometen. Además, en los pocos casos donde hay detenidos, los delincuentes obtienen su libertad con facilidad, lo que resulta sumamente atractivo para las bandas delincuenciales que han hecho de este ilícito una de sus más importantes fuentes de ingreso.

En enero del año pasado entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de Hidrocarburos, más conocida como ley antiordeña. La normatividad impone penas de 15 a 25 años al robo de gasolinas y al saqueo de oleoductos, un castigo muy superior al de una violación que alcanza condenas de hasta 14 años en la legislación. También castiga a quien compre, enajene, reciba, comercialice, resguarde, transporte, almacene o distribuya hidrocarburos sin consentimiento de contratistas, permisionarios o distribuidores.

La nueva ley, según el dictamen, buscaba calificar estos delitos como graves para inhibir esta actividad y pretendía poner a disposición del ministerio público de la federación y de la autoridad judicial nuevas herramientas jurídicas a fin de que se pudiera investigar y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia. Sin embargo, a un año de haber entrado en vigor, el objetivo no se ha cumplido. Las tomas clandestinas incrementaron en un 33% después de haber robustecido las penas. En el 2015 se detectaron 5.252 alteraciones en los ductos, mientras que en el 2016 la cifra incrementó a casi 7.000. Durante el 2006, antes de que el expresidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra el narcotráfico y el robo de gasolina se convirtiera en una actividad de los grupos criminales, las autoridades localizaron 204 tomas clandestinas.

Pese a que hubo un incremento en las tomas, las investigaciones cayeron. Mientras que en el 2015, antes de que comenzara a funcionar la norma, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) inició 2.930 carpetas de investigación por sustracción de hidrocarburos (8 al día), en 2016 apenas se iniciaron 689 averiguaciones previas (2 al día). Miriam Grunstein, académica del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), considera que el agravamiento en las penas no ha llevado a una disminución en la actividad delincuencial porque no son las sanciones las que inhiben un delito, sino la eficacia del aparato de justicia para resolver los casos.

El año pasado de las 689 indagatorias, sólo se consignaron 33 casos ante un juez, mientras que en el 2015 se habían turnado 166 y en el 2014 un total de 255, según información proporcionada por la fiscalía vía mecanismos de transparencia. El hecho de que el número de consignaciones haya sido el más bajo en los últimos años, se puede deber a que la delincuencia organizada se ha vuelto más intimidatoria y esto ha inhibido las denuncias, considera la abogada petrolera. “Son grupos poderosísimos que incluso están coludidos con personal de Petróleos Mexicanos, entonces a la gente le da mucho pavor hacer las denuncias”, dice Grunstein. Otra razón puede ser la ineficacia con la que opera la Fiscalía para investigar, procesar y condenar a un presunto responsable. "Son delitos que por esta impunidad que hay es muy improbable que se apliquen las penas y mas cuando hay servidores públicos involucrados", considera la especialista.

Para llevar a cabo la ordeña se requiere de gente capacitada y bien enterada de la operación de los ductos, se explica en un diagnóstico de Pemex. “El combustible se surte a diferentes horas y, previo a cada evento, se pasa agua por el tubo, por lo que se presume la participación de personal especializado, con vínculos con la delincuencia organizada como informantes clave, quienes reportan la hora en que pasa el combustible”, se expone. Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que la ley antiordeña no ha funcionado porque la mayoría de las personas que realizan este ilícito son empleados sindicalizados que conocen los procedimientos y usan el equipo de Pemex para hurtar sin ser descubiertos.

"El Gobierno casi no abre carpetas de investigación porque falta voluntad política", afirma. El robo de combustible no sólo lo orquestan los grandes grupos criminales como los Zetas, sino que comprende una red de corrupciòn que involucra a funcionarios, empleados sindicalizados, políticos y alcaldes, expone. "Es un problema de corrupción, donde está metido el sindicato que tiene mucho poder. No cualquiera puede robar el combustible y no cualquiera puede vender el combustible", explica el académico.