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TRIBUNA

América Latina comienza a destrabar la burocracia

El peso de la burocracia es el talón de Aquiles de la región

Para renovar su cédula de identidad en Bolivia, Domitila Murrillo, una mujer de 70 años, recorrió 900 kilómetros durante 11 meses entre Oruro, Tupiza y Potosí. A cada visita a la entidad policial encargada del trámite le exigía nuevos documentos e inesperados requisitos, además de las largas filas y horas de espera para ser atendida. “Falta un sello” o “vuelva mañana”, le decían. Un policía que parecía solidario le solicitó una coima para agilizar las gestiones. Domitila Murrillo falleció dos semanas después de recibir su cédula.

Ese caso fue documentado por el propio gobierno boliviano en el 2011, pero lamentablemente, historias como estas han abundado en toda América Latina. El peso de la burocracia es el talón de Aquiles de la región que ahora se enfrenta a una turbulencia política que, sumada a la desaceleración económica, hace aún más urgente mejorar la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios públicos. Lo novedoso es que, gracias a iniciativas innovadoras, comenzamos a ver una salida del laberinto burocrático.

Hay un desfase cada vez mayor entre sociedades conectadas y estados desconectados. Es que los latinoamericanos están exigiendo mejores servicios y menos corrupción, en parte debido al auge de la clase media y a una juventud digital nacida en democracia, que exige respuestas inmediatas. El riesgo es que cuando estas expectativas se ven frustradas, esto afecta la confianza en la democracia.

En tiempos de austeridad fiscal, hay que gastar mejor. La sobrecarga regulatoria se ha convertido en una de las principales trabas para el crecimiento y la competitividad, según el Foro Económico Mundial. La sobrerregulación también propicia la corrupción, al aumentar la discrecionalidad de los funcionarios. La “tramitología bizantina” de muchas administraciones explica, en parte, que la calidad de las instituciones es menor de lo que debería considerando el nivel de ingreso. Según los índices del Banco Mundial que miden la agilidad de los servicios gubernamentales para las empresas, de los 189 países del mundo, sólo 2 de los países de la región están entre los 50 mejores y 11 figuran entre el puesto 51 y el 100.

Pero, si bien existen estándares internacionales para medir la calidad de los servicios a las empresas, sabemos muy poco de la calidad de los servicios públicos, más allá de información anecdótica. Lo que sí sabemos es que la satisfacción de los ciudadanos es baja, en parte debido a mayores expectativas. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Simplificando Vidasque mide la calidad de seis servicios transaccionales en seis países muestra que la satisfacción con estos servicios es de apenas 4,8, en una escala de 1 a 10. Además, existe una gran discrepancia entre servicios y entre países. Por ejemplo, la renovación del documento de identidad, es bien valorada y el beneficio por discapacidad o la denuncia de hurto que no lo son.

No es sorprendente, por lo tanto, que la “desburocratización” vuelva a ser una agenda prioritaria. Estas reformas acompañan la transformación digital de los estados y el gobierno abierto. La racionalización y digitalización de los trámites es parte central de estos esfuerzos. Otro informe del Banco Interamericano de Desarrollo identifica tres vectores importantes para la innovación en el sector público: integrar para reducir la fragmentación institucional, simplificar para facilitar las transacciones y gerenciar para sustentar el impulso de las reformas.

A través de mecanismos de crowdsourcing, los ciudadanos pueden denunciar trámites engorrosos y proponer soluciones a regulaciones kafkianas. El caso de Domitila ha sido “premiado” en el concurso del gobierno boliviano sobre “el peor trámite de mi vida” en 2011. En 2013, Ecuador lanzó la iniciativa tramiton.to que recibió más de 6.000 quejas y logró simplificar 44 trámites con la ayuda de la ciudadanía. En Perú, la iniciativa www.dimetutraba.pe del Ministerio de Producción permitió identificar 1124 trabas empresariales y trámites engorrosos.

Varios gobiernos están impulsando reformas regulatorias ambiciosas, apalancándose en innovaciones tecnológicas y usando minería de datos. La digitalización de los trámites en línea y los portales únicos de servicios públicos como en México con gob.mx, en Chile con chileatiende.gob.cl y en Uruguay con tramites.gub.uy, son algunos ejemplos de la revolución digital del estado. En Uruguay, Tabaré Vázquez asumió el poder en 2015 comprometiéndose a que 100% de los trámites gubernamentales puedan iniciarse en línea. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri creó un Ministerio de Modernización y, en 2016, anunció un ambicioso plan “reducir la burocracia estatal y agilizar la interacción entre el estado y los ciudadanos con una administración sin papeles”.

En Perú, el gobierno aprobó en noviembre un “Paquete Simplificador” destinado a racionalizar trámites clave como la gratuidad de las denuncias por un delito, la interconexión de los organismos públicos para que no pidan al ciudadano un documento más de una vez, y la validez de los documentos de identidad caducados. El 5 de diciembre, la Comisión Presidencial de Integridad creada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski remitió 100 recomendaciones para atacar la corrupción, la hermana gemela de la sobre-regulación, 30 de las cuales se enfocan en racionalizar la burocracia y mejorar la gestión.

La innovación está también permeando las administraciones públicas. En varios países y ciudades, están surgiendo laboratorios de innovación pública que buscan apalancar el análisis de datos masivos para mejorar los servicios públicos. En 2015, la presidenta Bachelet creó un Laboratorio de Gobierno, GovLab,para promover innovaciones centradas en los usuarios dentro de las instituciones chilenas. En Uruguay, el Laboratorio de Innovación Social busca simplificar trámites complejos en sectores estratégicos.

Destrabar el laberinto burocrático del estado es una tarea impostergable para poder seguir creciendo. Mejorar las vidas las personas como Domitila pasa por simplificarlas. Pero el desafío de la política regulatoria es doble: reducir el stock y mejorar el flujo, porque no hay nada tan peligroso como la sobrerregulación que la falta de regulación. No se trata sólo de menos regulación, pero de mejor regulación o smart regulation. Y el desafío no sólo es técnico, también es cultural. Se debe cambiar de paradigma, de uno en el cual los ciudadanos están al servicio del estado, a uno centrado en el ciudadano en el cual es el estado que está al servicio del ciudadano. Por lo tanto, se requieren gobiernos que sirven, no gobiernos que se sirven.

* Carlos Santiso es jefe de la división de Capacidad Institucional del Estado del BID.