Condenado un exgobernador de Aguascalientes a seis años de prisión por corrupción
La sentencia contra Luis Armando Reynoso Femat, pone de relieve los numerosos casos de corrupción destapados en la política local mexicana
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![Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6FQ7ANFAMIYBCAN6TIOFP5ZGGQ.jpg?auth=44515beff1903ad9c3d3c7cf2dd99faae793463344292e959366c3f687c22849&width=414)
El exgobernador de Aguascalientes (centro de México) Luis Armando Reynoso Femat vive acostumbrado a que la Justicia le pise los talones. Es la tercera vez que lo condenan por corrupción y hasta ahora se ha librado de la cárcel a golpe de talonario. Este martes un juez le ha impuesto seis años de prisión por el delito de malversación de fondos y una multa equivalente al dinero que robó de las arcas públicas, casi 14 millones de pesos, unos 600.000 dólares. Esto es sólo la mitad de lo que le destaparon en 2014 y en aquella ocasión el precio de su libertad fue una fianza de 30 millones de pesos.
Es la tercera vez que se emite una orden de detención contra el político del partido conservador PAN y la segunda por peculado o malversación de fondos. En un comunicado de este martes, la Fiscalía General del Estado indicó que el caso inició en octubre de 2008 y la pista sospechosa fue la compra de un tomógrafo, que al parecer le costó a su administración 13.800.000 pesos (unos 600.000 dólares) y no fue encontrado en ningún hospital público. Esta acusación se suma a la de 2014, en la que la Justicia lo condenó por vender de manera ilegal terrenos que eran propiedad del Estado de Aguascalientes y que estaban valorados en 26 millones de pesos (poco más de un millón de dólares).
En 2015, Reynoso fue detenido por un delito de defraudación fiscal, dejó de pagar a Hacienda hasta siete millones de pesos durante 2009. Para esquivar la cárcel, el exmandatario pagó una fianza equivalente al daño causado al fisco y continuó con su vida habitual.
La condena del exgobernador acentúa la problemática extendida a otros políticos locales de México. El caso más conocido es la persecución del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuyos desvíos de dinero han batido todos los récord históricos, al menos desde que tiene registros la Auditoría Superior de la Federación —que nació en el año 2000—. Según los cálculos del organismo, el agujero que produjeron sus maniobras ilegales al erario público de Veracruz supera los 60.000 millones de pesos, unos 2.700 millones de dólares, sólo por daños patrimoniales. Es decir, Duarte presuntamente se apropió desde 2011 a 2014 del equivalente al 70% del presupuesto total previsto para Veracruz este año, que es de 82.000 millones de pesos.
Con los cambios de Gobierno estatales en 2016 se destaparon más agujeros corruptos de sus líderes salientes. Como ocurrió con el exgobernador de Veracruz, también pasó en Chihuahua con el exmandatario César Duarte. El gobierno entrante del PAN desveló que durante la gestión de su antecesor se crearon empresas fantasma a las que se les otorgaron millones de pesos por adjudicación directa, que la Secretaría de Hacienda local retuvo ilegalmente el 5% del salario de cientos de funcionarios para entregárselo al partido y lo acusaron hasta de crear un banco para manejar estos fondos.
En Quintana Roo, el exgobernador del PRI (partido en el gobierno federal) Roberto Borge está acusado de vender de manera irregular y a precio de saldo casi 10.000 hectáreas de terrenos en los paradisiacos Tulum, Playa del Carmen y Cancún a sus amigos, familiares y prestanombres.
Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge eran los hombres del nuevo PRI, aquellos que, según las palabras de un recién electo presidente Enrique Peña Nieto en 2012, representaban la conjunción perfecta de ética y juventud. Cuatro años después, están en busca y captura o tienen problemas con la justicia.
La tercera condena de Reynoso en cuatro años, se suma, por tanto, a una larga lista de graves casos corruptos que se han destapado en México en el último año. Y cuya impunidad hasta el momento, para cualquiera de los acusados, delata una de las problemáticas más bochornosas del país.
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