El Congreso de Brasil rebaja el tono de las medidas anticorrupción

Tras la discusión y la posterior aprobación de enmiendas y contra-enmiendas, el documento definitivo —irreconocible, según los críticos— que deberá ser votado en el Senado resultó muy descafeinado, según el relator del paquete de medidas, el diputado Onyx Lorenzoni. De hecho, los diputados aprobaron una polémica enmienda que restringe la labor de los jueces, que podrán responder por el delito de abuso de autoridad en caso de que instauren un "procedimiento sin que existan indicios mínimos de que se haya cometido algún delito". Con buena parte del Congreso brasileño poblado de diputados investigados por presunta corrupción y con el caso Petrobras en plena ebullición, este contrataque del poder legislativo sobre el judicial se vio en el país como una mera artimaña de los diputados brasileños para defenderse.

El pleno se antojaba polémico y explosivo desde hacía varios días. La semana pasada circuló por la Cámara de Diputados una medida que, en vez de atacar la corrupción, disimuladamente la protegía. Se trataba, por medio de una artimaña legal, de una enmienda encaminada a prescribir los delitos de soborno en campañas electores cometidos hasta el día de la aprobación del paquete. Una especie de borrón y cuenta nueva. La iniciativa llegaba en un momento sensible: los directivos y el presidente de la mayor constructora del país, Odebrecht, acusados de soborno en el caso Petrobras, están a punto de pactar una rebaja en la pena a cambio de informar a la policía sobre otros posibles implicados. Y de esa delación pueden salir salpicados muchos diputados de prácticamente todos los partidos. De ahí que todo el país relacionó esa polémica medida con el temor de los diputados a acabar en la cárcel. La presión social fue tal que el domingo, el mismo presidente de la república, Michel Temer, compareció en la televisión para informar de que esa enmienda no prosperaría.

Protesta de los fiscales

Esa no, pero han prosperados otras y se han adelgazado otras más que han dejado el decálogo en poco menos que papel mojado, según los críticos. Es cierto que el delito de corrupción se transformó en delito grave si abarca valores superiores a 10.000 salarios mínimos; también que se ha tipificado el delito de aceptación de donaciones ilegales en campañas y que los tribunales de justicia tendrán que ser más transparentes a la hora de divulgar los procesos con un límite de recursos para evitar que se alarguen los procesos. Pero también lo es que la medida encaminada a penar a los jueces demasiado agresivos es vista por el Poder Judicial como un mero intento de maniatarles en un período crucial de la historia de la investigación de la suciedad institucional en el país. De hecho, los fiscales que investigan el caso Petrobras dieron una rueda de prensa ayer y amenazaron con dimitir si el Senado aprueba esas medidas.

En su cuenta de Twitter, el coordinador de la operación Petrobras en Curitiba, el fiscal Deltan Dallagno, declaró: "Se está aprobando una ley de intimidación a fiscales, jueces y grandes investigaciones". Según esta enmienda, el representante de la Fiscalía corre el riesgo de tener que indemnizar al denunciado para compensar "los daños materiales, morales y a la imagen que hayan sido provocados". Los diputados alegaron que, aunque no han sido juzgados muchas veces, su imagen se ha mancillado debido a los procesos que se habían abierto sin, a su juicio, base jurídica suficiente.