La oposición venezolana cumple el primer compromiso del diálogo con el chavismo entre críticas

La oposición ha cumplido con el primer compromiso que se adquirió, entre fuertes críticas de sus bases, en la mesa de diálogo con el chavismo. Este martes los diputados del sureño estado de Amazonas, Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana, cuya elección, en diciembre pasado, fue impugnada por el régimen, han pedido a la plenaria que los desincorpore de la cámara. Con este gesto se queda sin efecto su juramentación. En julio la directiva opositora promovió en abierto desafío a un dictamen del Supremo, que ordenaba suspender su juramentación hasta tanto se investigara qué había ocurrido el día de la elección.

A partir de ahora, como parte de los acuerdos alcanzados el sábado, el régimen debería cumplir ordenando al Supremo, que controla a su real discreción, que levante el desacato dictado al Parlamento cuando desconoció el recurso judicial para intentar lograr la mayoría calificada de 112 diputados. En teoría esta iniciativa debería permitirle al Parlamento asumir sus labores contraloras, aunque las irreconciliables posiciones que asumen el gobierno y la oposición no hace presagiar una sana convivencia entre los poderes.

Que el chavismo finalmente honre sus compromisos es una duda que tiene a mal traer a los seguidores de la oposición e incluso a su propia dirigencia. Este mismo martes una decisión del Supremo alimentó aún más las suspicacias de aquellos que consideran que el diálogo supone la cesión de la iniciativa política que parecía tener la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuando, a finales de octubre, cinco tribunales de provincias suspendieron la organización del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro.

La Sala Constitucional ha ordenado a la mayoría opositora del Parlamento “abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente juicio político” en contra de Maduro, que la bancada de la MUD había decidido posponer como una muestra de confianza en el diálogo con su contraparte, que cuenta con la mediación de tres expresidentes iberoamericanos y el Vaticano. La decisión se produce justo después de que el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, bajo el fuego cruzado de la opinión pública, había anunciado que la Asamblea Nacional retomaría la declaratoria de responsabilidad política del presidente de Venezuela en el desconocimiento de la Constitución, una suerte de veredicto que no tiene las implicaciones de un impeachment al estilo del que acabó con el mandato de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil.

La decisión también prohíbe convocar actos “que alteren el orden público, realizar instigaciones contra las autoridades y los poderes públicos y otras acciones violatorias de los derechos constitucionales y el orden jurídico. La sentencia parece una forma de impedir que la oposición puede de nuevo hacer las masivas demostraciones de fuerza que organizó en septiembre y octubre, que instalaron la impresión, corroborada por las encuestas, de que el chavismo no es hoy mayoría electoral.

Maduro ha manifestado su complacencia con la decisión del Supremo durante su programa semanal de salsa. “El sistema constitucional de Venezuela está funcionando muy bien”, aseguró. Mientras tanto, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, afirmó en Twitter que la decisión es nula. “Podrá darle el TSJ instrucciones a su pandilla de lacayos, pero no a la asamblea electa por el pueblo”, escribió. La pugna entre los poderes parece no acabar nunca.