“México no está condenado a ser un país corrupto”

La fuga de Javier Duarte, los fraudes de Guillermo Padrés, los nexos criminales de Humberto Moreira, las propiedades millonarias de Roberto Borge… La lista de gobernadores y políticos mexicanos señalados por corrupción se ha hecho interminable. El presidente, Enrique Peña Nieto, ha reacomodado las piezas de su Gabinete fiscal para enfrentar el vendaval de escándalos, pero los esfuerzos parecen ser fútiles. México pierde hasta un 10% del PIB cada año por abusos de poder; es el país con la peor percepción de corrupción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y tiene uno de los índices de satisfacción con la democracia más bajos en América Latina. Este es el panorama que presentan María Amparo Casar y la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la segunda edición de Anatomía de la Corrupción. “México no está condenado a ser un país corrupto, este no es sólo un diagnóstico, sino un plan de acción”, ha afirmado este miércoles Claudio X. González, presidente de la asociación.

La publicación recoge las causas, las percepciones y la extensión de la corrupción y la impunidad en México para evaluar los costos económicos, políticos y sociales de este problema y plantear soluciones para combatirlo. “Es un fenómeno que atraviesa verticalmente todos los órdenes de Gobierno y horizontalmente todos los sectores de la sociedad”, señaló la autora. El análisis incorpora el ámbito gubernamental, el sector empresarial y los casos cotidianos en la ciudadanía. “Si toleramos la corrupción, toleramos los costos, que son regresivos, afectan más a los que menos tienen”, añadió Casar.

La investigación establece como mecanismo causal el “círculo de la impunidad”: de cada 100 delitos que se cometen, sólo se denuncian 11, se averiguan 6 y se resuelven 3, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con el 97% de probabilidad de que no haya consecuencias contra los delincuentes, el cálculo racional es delinquir una y otra vez, y que la víctima no acuda a las autoridades y replique las conductas del resto. “La corrupción no es un rasgo del sistema, es el sistema”, comentó González. “El problema y la solución está en todos, es vital que los ciudadanos se impliquen”, agregó.

El gasto anticorrupción ha aumentado de 2.255 millones de pesos en 2004 hasta 4.381 millones de pesos en 2016, pero eso no ha mejorado las percepciones sobre el problema en el índice de Transparencia Internacional. “Es verdad que se han destinado cada año más recursos para luchar contra la corrupción, pero el dinero está mal invertido”, advirtió Casar. La cobertura periodística sobre el fenómeno también ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años, pero tampoco ha frenado la propagación de actos ilícitos. “El seguimiento en los medios de un escándalo de corrupción muere a las 36 horas de destaparse”, dijo la investigadora. “En el caso de Padrés y Duarte no es creíble que las autoridades estén haciendo algo, más bien parece que la idea es cubrirse entre ellos, hoy por ti mañana por mí”, lamentó.

Además del diagnóstico académico, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad apuesta por la aplicación en el terreno del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y por presionar a los políticos para priorizar el tema rumbo a la elección presidencial de 2018. Otro de sus ejes es la elaboración y divulgación de investigaciones periodísticas como las de las empresas fantasma de Duarte y la trama mexicana de los Bahamaleaks, así como la presentación de litigios sobre delitos cometidos por instancias gubernamentales. “La transparencia sin acciones concretas conduce sólo a la indignación”, concluyó Casar.