La mitad de los Estados mexicanos no puede combatir la pobreza

No hay capacidad para operar programas de desarrollo social en 18 de las 32 entidades, que concentran el 60% de las personas pobres del país, revela un informe

Poblado de Jardines de San Juan Ajusco, en México.
Poblado de Jardines de San Juan Ajusco, en México. Nuevos Caminos

En México hay 5.010 programas y acciones gubernamentales para el desarrollo social, pero la pobreza aumenta. En una década se cuadruplicaron los programas sociales federales y, sin embargo, en 2014 se contabilizaron dos millones más de pobres. La explicación a esta contradicción es, de acuerdo con un nuevo informe, que más de la mitad de los Estados no pueden implementar esos proyectos: no tienen planes presupuestales ni padrón de beneficiarios, hay programas duplicados y su talón de Aquiles es la transparencia.

De las 32 entidades del país, 18 tienen una baja capacidad para poner en práctica una política de desarrollo social sustentada, transparente y participativa, es decir: no son capaces de usar los recursos asignados para reducir la pobreza y mejorar la vida de los beneficiarios, según el índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, realizado por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc).

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Esta incapacidad se debe a que esas entidades carecen de un plan para asignar el presupuesto, ni tienen diagnósticos sobre los principales rezagos que padecen los beneficiarios de los programas, a quienes ni siquiera tienen contabilizados. Tampoco existen mecanismos de seguimiento y evaluación para revisar la efectividad de los proyectos, y lo que Gesoc considera más grave: los indicadores y presupuestos no son públicos, por lo cual esos Estados reprueban en transparencia.

“La principal preocupación es que tenemos un promedio -en escala del 1 al 100- de 44. El país está reprobado. Que 18 de 32 entidades tienen unas capacidades tan bajas, que no pueden aspirar a resolver problemas. No diagnostican las carencias, no las cuantifican, no ubican dónde están las personas, cuáles son los problemas a resolver”, puntualizó Alejandro González, director de Gestión Social y Cooperación.

El Índice incluye un conteo de las entidades mexicanas según sus capacidades para implementar programas sociales, en el cual el occidental Estado de Jalisco tiene el primer lugar con una calificación de 7, seguido del central Hidalgo, con 6,7 y de la capital del país, Ciudad de México, con 6,5. En el último lugar de la lista está el central Michoacán, con un grado de 2,7, seguido de Quintana Roo y Durango, con la misma calificación.

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A principios de este año, el ministro de Desarrollo Social, José Antonio Meade, reconocía que en tres Estados del país hay rezagos en el combate a la pobreza [Guerrero, Chiapas y Oaxaca, la región del sureste que suele encabezar todos los índices de marginación, atraso y carencias], pero aseguró que en ninguna entidad hay retrocesos. Sin embargo, el estudio de Gesoc refiere que en las 18 entidades que reprobaron en desarrollo social vive el 60% de la población pobre del país, lo que significa que las zonas donde más se necesitan los apoyos, es donde se utilizan de peor manera los recursos.

“Si existen (los padrones) los tendrán guardados en su gaveta, o no son públicos, no los conocemos”, apuntó el director de la organización.

El mejor y el peor

El Estado de Jalisco ha sido noticia este año por el brote de violencia que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha desatado en él y sus vecinos en la pugna por la plaza, sin embargo, también ha obtenido varios reconocimientos en materia de desarrollo y calidad de vida. En el Índice de Capacidades para el Desarrollo Social ocupa el primer lugar pero su calificación sigue sin ser óptima: 70,4 sobre 100. Los puntos fuertes de la entidad -gobernada por Aristóteles Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- son: diagnósticos precisos sobre sus principales problemas sociales; un plan de desarrollo con objetivos, metas e indicadores claros, así como reglas de operación definidas. Las deficiencias, en cambio, son la falta de planeación presupuestaria -menos del 50% de los programas están expresados en el presupuesto de egresos estatal-; falta de información sobre la aplicación de los recursos en su implementación en la cuenta pública estatal; que las decisiones en materia presupuestaria de los programas se toma sin información precisa, y que los padrones de beneficiarios no aparecen en formato de datos abiertos.

Michoacán es uno de los focos rojos del mapa del narcotráfico en el país, por tratarse de un importante puente para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Es también la cuna del movimiento civil de autodefensas, que nació en 2013 para defenderse de la violencia del crimen organizado. La entidad, gobernada por Silvano Aureoles (del izquierdista Partido de la Revolución democrática) no tiene contratos de gestión por resultados para funcionarios responsables de la implementación de programas de desarrollo social; menos de la mitad de los programas cuenta con indicadores de gestión para su seguimiento; así como con información del padrón de beneficiarios.

Destaca en el índice el caso del central Morelos, vecino de Guerrero, con el que forma una ardiente región peleada por los cárteles Guerreros Unidos y Los Rojos. La entidad, que cuenta con varios afamados balnearios y zonas arqueológicas, ha cobrado una funesta notoriedad por las fosas clandestinas halladas en su territorio, en el que se han encontrado cientos de cadáveres de los que aún se trabaja su identificación. En el índice de Desarrollo Social, Morelos obtuvo una calificación de 50 sobre 100 y, sin embargo, Gesoc resalta su caso como uno de éxito.

“Morelos sigue rezagado pero es el que más ha crecido. Si sigue en la trayectoria en la que va, en uno o dos años va a estar en uno de los primeros lugares en el ámbito del desarrollo social. Es uno de los Estados que en la próxima medición de pobreza tendrá resultados muy favorables”, vaticinó Alejandro González. Es por esto que el gobernador de la entidad, Graco Ramírez, asistió a la presentación del Índice junto con el gobernador Aristóteles Sandoval, del Estado ganador del listado, Jalisco.

Ramírez presumió durante el evento de que Morelos cuenta con el reconocimiento de la Auditoría Superior de la Federación como un Estado transparente, pero en ese rubro, obtuvo apenas una calificación de 9 en el Índice. Cuestionado al respecto, el gobernador dijo desconocer los criterios del informe que acababa de presentar, y subrayó que quien avala la transparencia de su Gobierno es el órgano oficial, no las organizaciones. “Yo me atengo al INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), no a la instancia ciudadana, con todo respeto. Me atengo a la Auditoría Superior, que es la que me revisa mis cuentas públicas”, dijo el gobernador de Morelos a EL PAÍS.

Por su parte, Alejandro González explicó que el Índice de Desarrollo Social y la Auditoría Superior miden aspectos distintos, ya que mientras la instancia oficial certifica que no haya uso indebido de recursos (peculado, desvío, malversación de fondos), Gesoc solo evalúa la capacidad del Gobierno para implementar programas sociales. “Tú puedes ser perfectamente probo y al mismo tiempo ser perfectamente ineficaz”, puntualizó el investigador.

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