La voz más crítica del periodismo en Nicaragua denuncia espionaje del Ejército

Carlos Fernando Chamorro, director de la revista de investigación Confidencial y una de las voces más críticas con el Gobierno de Daniel Ortega, denunció ayer un proceso de espionaje por parte de oficiales del Ejército de Nicaragua contra su redacción, acoso contra los periodistas por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —el partido de Ortega— y un intento de sabotaje al sitio web de la revista, que en sus investigaciones periodísticas ha revelado casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno sandinista. Los afectados están, principalmente, relacionados con el desvío a arcas privadas de la cooperación petrolera de Venezuela, que asciende a más de 3.000 millones de dólares. 

Chamorro hizo la denuncia en una conferencia de prensa en la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Managua. En su declaración pública afirmó que la redacción que dirige ha sido víctima de “acciones ilegales de intimidación y espionaje político, perpetradas por agentes que se identifican como oficiales del Ejército de Nicaragua y operadores del partido de gobierno, el FSLN, en contra de trabajadores de Confidencial y de este medio de comunicación independiente, bajo mi dirección”.

El periodista nicaragüense informó de que el pasado 20 de septiembre dos hombres identificados como Rafael Moreno y Ramón Abarca, que dijeron ser “operadores” del FSLN, contactaron a un trabajador administrativo de Confidencial a quien le solicitaron información sobre el medio que, dijeron, “le estaba causando daño a las actividades del FSLN en la campaña electoral”. Los hombres pidieron al trabajador que entregara información sobre el registro de personas y vehículos, con sus placas respectivas, que llegan diariamente a la redacción de la revista, incluidas personas vinculadas al Gobierno, visitantes extranjeros pertenecientes a misiones diplomáticas u organismos internacionales que visitan Confidencial e incluso sobre los campesinos que se oponen a la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua, uno de los asuntos que más de cerca han cubierto los periodistas de la publicación.

Dos días después, el 22 de septiembre, se produjo un nuevo requerimiento de información, esta vez a un trabajador del área técnica. Este es el caso más grave, porque según la denuncia de Chamorro, quien solicitó la información fue Walter Abarca, un oficial en activo del Ejército, que fue ascendido al rango de Teniente Primero en 2014. “El oficial Abarca, quien llegó vestido de civil, le demandó al técnico que colaborara con el Ejército de Nicaragua brindándole información sobre Confidencial. De manera específica le planteó los siguientes requerimientos: información sobre las condiciones de seguridad de las oficinas de la redacción, información sobre el entorno de trabajo de los periodistas de Confidencial, los asuntos que discuten y los temas que investigan los periodistas, la seguridad informática de Confidencial y el funcionamiento del sistema de protección contra virus y que le entregara las contraseñas para acceder al sitio web” de la revista, relata la denuncia pública. Le pidió, además, que se reuniera con un técnico para que le facilitara los datos del portal web.

“Método de represión”

Ambos trabajadores rehusaron entregar la información. Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, organismo que acompañará a Confidencial en el proceso de elevar la acusación a la esfera internacional, dijo que “lo que queda demostrado con esta denuncia valiente es que se comprueba que el espionaje es un método de represión instalado en el país”. El Cenidh enviará el documento presentado por Chamorro a Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En Nicaragua se ha implementado como sistema de justicia la impunidad y, ante la falta de institucionalidad, la denuncia pública es un mecanismo de defensa no formal de los derechos humanos”, dijo Núñez.

No es la primera vez que Chamorro y su equipo son objeto de acoso del Gobierno de Ortega. En 2008, la justicia —controlada por el presidente— lo acusó a él y al Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), que él presidía, de lavado de dinero, oficiales de la Policía irrumpieron en la redacción de Confidencial y decomisaron las computadoras del equipo periodístico. Meses antes, Confidencial había destapado una trama de corrupción relacionada a una millonaria extorsión contra un empresario y que involucraba a personas del FSLN y llegaba directamente a casa presidencial. La acusación contra Chamorro no prosperó y, por el contrario, llamó la atención internacional de la persecución oficial contra el periodismo independiente en Nicaragua.