Maduro recalca que la prioridad es la economía, no las elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado en su programa semanal de televisión que las elecciones de gobernadores, que deben celebrarse a finales de año por mandato constitucional, y el referéndum revocatorio, que podría organizarse entre diciembre y marzo, no son una prioridad ante el estado de la alicaída economía venezolana. A excepción del Legislativo, el gobierno controla los demás poderes públicos.

El programa de Maduro es un remedo menor del que popularizara su antecesor, Hugo Chávez, porque va de un tema a otro en un aparente desorden. En esos devaneos, el presidente comenzó a preguntarse si en Venezuela la prioridad era resolver la crisis económica o fijar la fecha de las elecciones. Y luego respondió. “La prioridad en Venezuela no es hacer elecciones. La prioridad en Venezuela es recuperar la economía y atender al pueblo, seguir desarrollando la educación, la vivienda”.

Maduro refrendó lo que han venido sosteniendo dirigentes chavistas desde principios de semana. La crisis económica y los contados recursos provenientes de la renta petrolera —que aporta 96% de las divisas que ingresan al fisco— deberían destinarse a paliar la escasez y reducir los altos índices de desabastecimiento. Ha sido la gran mácula de la administración de los herederos de Chávez y la causa de que, al día de hoy, según las encuestas, la derrota sea casi un hecho en cualquier medición electoral. Las escuálidas arcas de la República le dejan al Gobierno muy poco margen para disminuir esa brecha aumentando el gasto público.

Maduro ha preferido no acusar ese rechazo profundizando su enfrentamiento con la oposición. El lunes asomó una nueva batalla con el Parlamento, que controlan sus adversarios de la Mesa de la Unidad Democrática, cuando anunció que enviaría una carta al Tribunal Supremo de Justicia para consultar cómo proceder para aprobar el presupuesto del próximo año.

La Constitución indica que el proyecto debe presentarse antes del 15 de octubre a la Asamblea Nacional, pero el Gobierno quiere evitar ese trámite amparándose en el decreto de Estado de Excepción Económica. La última prórroga de dicho decreto, publicada en Gaceta Oficial a mediados de septiembre, faculta al Ejecutivo para aprobar sus proyecciones y endeudarse en caso de que el Poder Legislativo bloquee sus iniciativas. Parece claro que el régimen intentará impedir que la oposición rechace el proyecto apoyándose además en una decisión reciente del Supremo, que declaró en desacato al Parlamento y declaró nulos todos sus actos mientras mantenga incorporados en la cámara a tres diputados opositores cuya elección está pendiente de un reclamo judicial.

El Supremo ha sido el punto de apoyo del régimen para anular a la Asamblea Nacional. En todo 2016 ha dictado más de 20 sentencias que limitan sus funciones para dejarla apenas como un intrascendente foro político. Pero también han contado con la complicidad del Consejo Nacional Electoral, que no ha puesto en agenda la renovación de las autoridades de los estados, cuyos períodos vencen en diciembre.

El lunes la prensa local informó de que la autoridad electoral no tenía dinero para organizar la segunda etapa del referéndum revocatorio, que consiste en recoger 20% de las firmas del padrón electoral. Cada decisión supone otro ladrillo más en la fortaleza que ha construido el chavismo para seguir controlando Venezuela.