El conflicto minero en Bolivia, suspendido tras el asesinato de un viceministro

Horas después del linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes en un punto de bloqueo, los mineros bolivianos “cooperativistas” decidieron suspender su protesta, abandonar las carreteras que tenían cerradas y volver a los poblados en los que viven, emplazados a lo largo de la Cordillera de los Andes. El conflicto que estos días se había planteado entre ellos y el Gobierno por el control de los minerales permanece sin solución.

El repliegue minero disipó el temor, provocado por el asesinato de Illanes, de una escalada mayor de la violencia del conflicto, que ya se ha llevado las vidas de este funcionario y de tres manifestantes. También fueron golpeados decenas de policías y detenidos cientos de trabajadores.

Los mineros tienen una larga tradición en la lucha social, poseen explosivos y los usan, y muestran una temeridad contra la Policía que en el pasado los convirtió en los “héroes” del movimiento popular, pero que con el asesinato de Illanes los ha puesto en una situación difícil. Aunque la captura de autoridades como “rehenes” no es infrecuente en la lucha social boliviana, que una de ellas pierda la vida en el hecho es algo que no se veía desde los años 40. El presidente Evo Morales dijo que el asesinato es “imperdonable” y declaró tres días de duelo. La oposición condenó lo sucedido. Las redes sociales están llenas de homenajes al viceministro caído en cumplimiento de su deber: su trabajo era manejar los conflictos políticos del gobierno.

Los mineros que acaban de replegarse son “cooperativistas”, esto es, formalmente no trabajan para ningún patrón, ni para el Estado, ni para las grandes empresas privadas, sino para ellos mismos. Existen alrededor de 1.700 cooperativas mineras en el país, todas ellas concesionarias de yacimientos minerales. Se supone que su labor es de subsistencia, pero en los últimos años, con el boom de los precios, varias de ellas se han convertido en empresas privadas ilegales, en las que un grupo “fundador” explota a decenas de trabajadores “nuevos”, quienes a duras penas reciben el jornal mínimo por una labor muy peligrosa. Estas “cooperativas” carecen de seguridad social y operan sin licencia ambiental. Por eso sus “fundadores” se oponen a la idea de que se creen sindicatos en su seno, innovación que el gobierno quiso aplicar, pero finalmente descartó.

Existen alrededor de 1.700 cooperativas mineras en el país, todas ellas concesionarias de yacimientos minerales

En cambio, el Gobierno ha sido firme en la prohibición que impide a las cooperativas subarrendar a empresas privadas las concesiones que poseen –y que en muchos casos obtienen con conflictos sociales de alta intensidad–. Con ello se intenta impedir que se conviertan en “rentistas” que reciben dinero de los inversionistas solo por haber conseguido una concesión que estos no pueden obtener directamente. Hasta ahora los cooperativistas fueron uno de los “factores de poder” del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Según las autoridades, existen 36 concesiones que en principio pertenecen a “cooperativas”, pero que en los hechos están siendo aprovechadas por empresas extranjeras, las cuales se encargan de todas las inversiones y de pagar a los trabajadores, y al mismo tiempo entregan una parte de sus utilidades a los concesionarios originales. De este modo, en los hechos las “cooperativas” se convierten en “dueñas” de los yacimientos, lo que en el pasado estaba permitido, pero que ahora prohíbe la Constitución de 2009.

“Volver a ser propietarias de los yacimientos” es lo que las cooperativas mineras quieren primero que nada; en segundo lugar, piden que el gobierno facilite sus ventas de minerales y reinvierta en el propio sector cooperativo las regalías que pagan al Estado, que son de apenas del 2,5% de su producción. Pese a que algunas de las medidas del gobierno benefician a los trabajadores asalariados de las “cooperativas”, estos no se ha manifestado a favor de ellas, se supone que por su poco peso político.

La ruptura entre los mineros cooperativistas y el MAS constituye una pérdida de soporte social más seria que todas las que anteriormente sufrió este partido, dada la magnitud del sector, que da empleo a más de 100.000 personas, pero sobre todo por la fuerza de masas de la Federación de Cooperativas Mineras, que acaudilló la movilización última y ahora tiene sus oficinas intervenidas por la Fiscalía.