Veracruz abre la vía para que el aborto sea considerado como un homicidio

El Gobierno veracruzano de Javier Duarte ha desafiado al Estado mexicano con una reforma antiabortista que supone un retroceso de la Constitución federal. Los avances que se habían realizado en materia de derechos humanos en México los ha tumbado el Congreso estatal con 34 votos. Las mujeres que decidan abortar libremente "podrán ser juzgadas por homicidio calificado", según el constitucionalista mexicano Diego Valadés. Se trata de un cambio contrario a la Carta Magna mexicana y que ha aprovechado el grupo priísta en el poder para calmar la ira de los grupos ultracatólicos.

Aunque en la modificación de la Constitución estatal no se menciona el homicidio, los expertos advierten que este cambio podría equiparar la interrupción libre del embarazo con un atentado contra la vida. "Al incluir un párrafo donde aseguran que el Estado protegerá la vida desde su concepción hasta la muerte natural un abogado o fiscal puede considerar al aborto como un homicidio y se pueden pedir penas de prisión", explica Valadés, investigador constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El Estado, no obstante, no ha modificado su código penal en el que permite el aborto bajo algunos supuestos.

Veracruz presenta los índices más elevados de muertes por aborto irregular: la tasa nacional está en 7% y la región la supera con un 10%

En Veracruz, el código penal establece una pena máxima de cuatro años de cárcel, además de una multa para quien decida interrumpir su embarazo fuera de las excepciones que señala la ley: malformación del feto, violación y riesgo para la vida de la madre. Con esta nueva reforma se puede endurecer la sanción para las mujeres que decidan abortar libremente "llegando a enfrentar hasta penas de cárcel", apunta el investigador. Ante los gritos de "sí a la vida", los diputados se mostraron a favor de un cambio que, según los investigadores, contradice dos artículos de la Carta Magna federal.

"La Constitución mexicana establece que México es un Estado laico de forma expresa desde 2012 además de que los derechos humanos serán progresivos, esto quiere decir que si se ha conseguido ampliar un derecho en una región del país, legalmente no se puede restringir más en otra parte de la República", explica Valadés. En Ciudad de México se puede realizar una interrupción del embarazo hasta las 12 semanas y, según Valadés, esta norma se haría extensible a todo el país, siempre y cuando una mujer se ampare ante los tribunales federales.

"El problema es que una mujer que quiere abortar no dispone de tiempo", apunta Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Para las organizaciones feministas del país la medida veracruzana, que se suma a las reformas antiabortistas de otros 17 Estados, supone una "criminalización" para las mujeres: "Hemos observado lo que ocurre en otras entidades. Se persigue a la mujer que llega a un hospital con un sangrado, en lo que se decide si está bajo los supuestos, puede pasar bastante tiempo en prisión preventiva", explica Tamés.

La norma sigue contemplando los mismos supuestos: en el caso de una violación o malformación del feto, estará permitido el aborto

La norma que ha aprobado el Congreso veracruzano sigue contemplando los mismos supuestos establecidos en el Código Penal. En el caso de una violación o malformación del feto, por ejemplo, está permitido el aborto. La situación de la región es especialmente grave, explican desde el GIRE, pues registra una de las tasas más altas del país de delitos sexuales, de embarazo adolescente y uno de los índices más elevados de muertes por aborto irregular: la tasa nacional está en 7% y Veracruz la supera con un 10%.

Los grupos ultracatólicos de Veracruz se agruparon para reunir casi 30.000 firmas a favor de esta reforma constitucional. La iniciativa presentada por el gobernador Javier Duarte, que incluía esta petición, ha supuesto una concesión completa a lo que ellos pedían. Así, a falta de que ratifiquen la medida en los ayuntamientos locales, la ley estatal recogerá "el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural".

No es la primera vez que el clero frena algunos avances en materia de derechos humanos en el país. Algo similar le ocurrió a los matrimonios homosexuales. La decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de elevar a rango constitucional los matrimonios del mismo sexo se ha visto presionada por estos grupos y el éxito electoral cosechado por el conservador PAN en los últimos comicios de junio. Para poder acceder al matrimonio homosexual en México fuera de la capital también hay que solicitar un amparo en los tribunales federales.

Los expertos aseguran que todavía cabe la posibilidad de que el Ejecutivo federal impugne la reforma veracruzana y emprenda un recurso de inconstitucionalidad. Pero, aunque el artículo 1 de la Constitución mexicana señale que es un Estado laico, la Iglesia ha dejado claro quién marca el ritmo de los cambios.