Peña Nieto enmienda al PRI y veta la parte de la ley anticorrupción criticada por la patronal

Enrique Peña Nieto ha enmendado la plana a su propio partido. El presidente de México, en uso de su poder ejecutivo, ha vetado parcialmente la Ley 3de3, una iniciativa anticorrupción surgida de la sociedad civil que había entrado en crisis tras su paso por el Parlamento. La excepcional medida  intenta calmar un frente que se abrió la semana pasada cuando el PRI y sus aliados aprobaron por sorpresa una modificación legal que establecía la declaración obligatoria de bienes e intereses no sólo a los empresarios que contratasen con la administración, sino también a sus empleados.

La norma desató una reacción furibunda de la patronal. En un gesto insólito, los empresarios salieron al día siguiente a la calle y, desde la histórica plaza del Ángel, en pleno corazón de la capital, lanzaron sus dardos contra el propio presidente y le exigieron una inmediata intervención.

Las críticas abrieron un nuevo frente al Gobierno y a un partido, el PRI, que atraviesa horas bajas tras su descalabro electoral y la dimisión de su presidente, Manlio Fabio Beltrones. En este horizonte de deterioro político, agravado por la muerte el domingo de nueve civiles a balazos en una manifestación contra la reforma educativa, la reacción presidencial no tardó en llegar.

Este jueves por la noche, mientras Peña Nieto visitaba La Habana, su consejero jurídico, Humberto Castillejos, hizo pública la enmienda a 15 artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas. “La norma señala que la totalidad de los trabajadores de una empresa que contrate con el Gobierno, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar declaraciones de patrimonio y de intereses. El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones. También, inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos”, explicó Castillejos.

Tras el veto, la ley vuelve al Congreso para su nueva tramitación. Más allá de la cesión ante la patronal, el presidente ha emitido una señal de autoridad interna. En un momento de inestabilidad para el PRI, Peña Nieto ha impuesto su criterio a un grupo parlamentario cada vez más levantisco y que en las últimas semanas había diluido dos de sus iniciativas estrella: el matrimonio homosexual y el aumento de la dosis de cannabis permitida para consumo.

El veto, aunque seguramente coseche el aplauso de los empresarios, también puede tener un efecto negativo para el Ejecutivo y ser interpretado como una rebaja de los postulados de las normas anticorrupción. En su comparecencia pública, el enviado presidencial se apresuró a rechazar este lectura: “Esto, de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado”.

El combate contra la corrupción, un fenómeno que cuesta a México 19.000 millones dólares al año, es una de las grandes promesas de Peña Nieto, pero aún está lejos de haberse cumplido. Los escándalos que han sacudido su mandato han afectado profundamente la confianza ciudadana y han pasado factura al PRI. El paquete legislativo destinado a luchar contra esta lacra tiene como fin recuperar el terreno perdido. Para ello establece una nueva tabla penal frente a los casos de corrupción. También impone la revisión en cada contrato público del conflicto de interés entre los funcionarios y sus beneficiarios.