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Roberto Gil | Presidente del Senado

“El PRI no quiere debatir en el corto plazo el matrimonio igualitario”

El senador del PAN cree que el resultado de las elecciones afectó la agenda legislativa

Roberto Gil, en su oficina en el Senado. Ampliar foto
Roberto Gil, en su oficina en el Senado.

Sentado en su oficina en el Senado, Roberto Gil (Chiapas, 1977) observa una televisión sin sonido. El aparato transmite una sesión donde senadores de varios partidos discuten la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para elevar la posesión de dosis de marihuana y legalizarla con fines terapéuticos y medicinales. La reunión acaba de comenzar, pero el senador del PAN ya sabe qué va a pasar. “El PRI no va a aumentar los gramos para uso personal ni despenalizará completamente el consumo”, dice Gil, quien ha sido uno de los principales impulsores de una regulación de la droga a pesar de pertenecer al partido que inició la ofensiva contra los cárteles del narcotráfico.

El despacho del presidente del Senado mexicano se encuentra en el sótano de un imponente edificio donde se encuentran Reforma e Insurgentes, dos importantes avenidas de la Ciudad de México. En ese edificio también se han cruzado los intereses del PAN y el PRI rumbo a las presidenciales de 2018. La derecha salió fortalecida en las recientes elecciones tras ganar 7 de 12 Estados en disputa, cuatro de ellos bastiones donde el partido en el poder no conocía la derrota. Un sector del PRI ha asegurado que el descalabro se debió a una agenda progresista impulsada por Peña Nieto, entre ellas la regulación de la marihuana y la legalización de los matrimonios gays.

Creo que la lectura del PRI es incorrecta. El 5 de junio los ciudadanos castigaron a los malos gobiernos, la irresponsabilidad y la corrupción

Los resultados de las elecciones han tenido un impacto inmediato en la agenda legislativa. Los legisladores del PRI se han vuelto cautelosos y rechazaron la propuesta de Peña Nieto de aumentar hasta los 28 gramos la posesión de la droga, en sintonía con lo que permiten otros países. “Creo que la lectura del PRI es incorrecta. El 5 de junio los ciudadanos castigaron a los malos gobiernos, la irresponsabilidad, la corrupción y el abandono de los municipios. Ese es el mensaje de las elecciones, no tiene nada que ver con la marihuana”, afirma Gil y agrega que los sondeos demuestran que “la gente está en favor de un cambio regulatorio en la materia y en despenalizar a los consumidores”.

La oposición percibe que los legisladores del tricolor han dado la espalda a las propuestas del presidente, algo inusual en el sistema tradicional priista. “El PRI también ha retirado el respaldo a la iniciativa presidencial de matrimonios igualitarios”, dice Gil. El 17 de mayo – 18 días antes de las elecciones­– Peña Nieto envió al Congreso cuatro iniciativas para reformar la Constitución y reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. El tema no está en la agenda del actual periodo extraordinario del Congreso a pesar de que el PRI tiene mayoría en las cámaras de diputados y senadores. A partir de septiembre, en un nuevo periodo ordinario de sesiones, podría dormir el sueño de los justos. “No están en disposición de discutirla en el corto plazo y mucho menos aprobarla tratándose de una reforma constitucional que requiere una mayoría muy amplia en las dos cámaras del Congreso y en la mayoría de los Congresos de los Estados, que están bajo el control del PRI”, afirma el presidente del Senado.

Este cambio de parecer de los priistas en el Congreso reflejan las diferencias que existen entre el partido y el Gobierno. Hasta el momento, el silencio ha imperado. Dos semanas después de las elecciones, nadie en el gabinete ni los coordinadores de las bancadas del PRI en las Cámaras han abogado por impulsar esta agenda. Sobre todo porque se documentaron esfuerzos de la Iglesia y la extrema derecha por castigar al PRI por haber puesto el tema sobre la mesa. “No existe ningún argumento que me haga pensar que la propuesta de matrimonios igualitarios sea prioridad en el periodo ordinario de sesiones”, dice Gil.

La reforma anticorrupción

Se han aprobado las siete leyes que forman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Pero la aprobación no fue mayoritariamente celebrada por la sociedad civil, que la impulsó con una iniciativa respaldada por más de 600.000 personas. El Congreso incorporó la obligación a particulares que tengan contratos con el Gobierno de presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, lo que provocó un rechazo casi generalizado del sector privado. "Debemos revisar con cuidado las implicaciones de ese nuevo régimen, de manera que el sistema no se vuelva inoperante a cuenta del exceso de información", señala el senador Gil. El panista considera que el sistema político "empieza a entender que la resistencia a avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad tiene altos costos políticos".

Uno de los puntos criticados por la sociedad es que el PRI se negó a utilizar el formato 3 de 3, impulsado por la una organización civil, para que los funcionarios hicieran públicas sus declaraciones de patrimonio, intereses y fiscal. La bancada del PRI y sus aliados decidieron que el Comité coordinador del SNA sea quien definirá los formatos y qué información se hará pública. "Esto le da objetividad y razonabilidad al modelo, al tiempo que que salvaguarda el derecho a la privacidad", considera el presidente del Senado.