El caso Petrobras salpica a la oligarquía política brasileña

Cuando los tentáculos del caso Petrobras arrinconaron al expresidente de Brasil Lula da Silva —con la divulgación de escuchas telefónicas, la obligación de testificar e, incluso, una petición de prisión provisional— muchos cuestionaron la integridad política de esta operación y la acusaron de intentar perjudicar principalmente al Partido de los Trabajadores (PT). Este martes, cuando la Fiscalía brasileña pidió prisión para cuatro peces gordos de la política brasileña, todos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB) quedó claro que las investigaciones han llegado a otros que parecían intocables.

En la mira del fiscal general, Rodrigo Janot, están el presidente del Senado, Renan Calheiros, el senador y exministro de Temer, Romero Jucá, y el presidente apartado del Parlamento, Eduardo Cunha, así como el expresidente de Brasil José Sarney (el único que no está aforado). Están acusados de intentar obstruir las investigaciones del caso Petrobras y de conspirar contra la operación. Desde hace una semana, la petición está en manos del juez del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, que decidirá sobre su ejecución.

La petición de prisión de la Fiscalía afecta a figuras que trascienden sus cargos. Políticos que son verdaderos símbolos en sus Estados de origen, donde sus familias dirigen, desde hace varias generaciones, los bastidores de la política local y nacional. “Es la primera vez que la élite tradicional brasileña recibe un golpe de este calibre”, afirma el politólogo Fernando Abrúcio.

Al menos dos apellidos están vinculados a la política desde hace más de un siglo. Renan Calheiros proviene de una saga de políticos del Estado de Alagoas (Nordeste de Brasil) que se remontan a los tiempos de la Vieja República (1889-1930). El hijo de Renan Calheiros gobierna hoy Alagoas.

El líder del Senado está considerado como uno de los políticos con más experiencia en Brasil y depende de él, en parte, el futuro de la presidenta apartada Dilma Rousseff, que se discutirá en la Cámara Alta en los próximos meses. Calheiros es objeto de nada menos que de nueve investigaciones del caso Petrobras. El último escándalo estalló a finales de mayo, cuando se filtró un diálogo con el expresidente de Transpetro (empresaria subsidiaria de la petrolera estatal) Sérgio Machado. En la conversación, Calheiros defiende cambios en la ley que regula las confesiones de investigados a cambio de beneficios en la Justicia. El objetivo, supuestamente, es impedir la confesión de un investigado del caso Petrobras. Él niega tajantemente cualquier intento de frustrar la operación.

Romero Jucá es otro nombre de la Vieja República. Descendiente de una familia dueña de una docena de negocios, que abarcan desde el comercio de ropa interior femenina hasta empresas mineras, Jucá está en el punto de mira tanto en el caso Petrobras como en la Operación Zelotes, que investiga sobornos de empresarios a inspectores de Hacienda. Jucá también fue sorprendido en unas conversaciones telefónicas en las que proponía organizar un frente para amainar el escándalo de corrupción en Petrobras. Pasó de ser hombre de confianza del presidente interino, Michel Temer, a ser su primer baja: renunció cuando se filtraron las conversaciones.

Y también está José Sarney, en el Estado de Maranhão (Nordeste de Brasil), un político todavía todopoderoso que desde este martes vive la humillante amenaza de tener que llevar una tobillera electrónica conforme a la petición de la Fiscalía. Sarney, el político de carrera más longeva en Brasil, ejerció a lo largo del Gobierno de 15 Jefes de Estados, incluyendo los del período militar (1964-1985). Ha vivido cuatro Constituciones: la última de ellas, convocada por él al frente de la presidencia en 1988. Sus hijos han heredado su vocación: su hija Roseana gobernó Maranhão cuatro legislaturas, y su hijo José es el actual ministro interino del Medio Ambiente.

Todavía es una incógnita si estos políticos acabarán en la cárcel, pero algunos analistas consideran que la petición de cárcel de la Fiscalía ya es un hecho político de por sí, que acarreará severas consecuencias, principalmente para el PMDB y el Gobierno interino. También es una incógnita si estos ataques de las investigaciones del caso Petrobras contra el poder establecido son un fenómeno pasajero o si representará el primer paso contra la oligarquía política, tan arraigado en Brasil. Pedro Floriano Ribeiro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de São Carlos, cree que aún es pronto para afirmarlo, pero opina que solo una reforma política provocaría un cambio real en la política brasileña. “Tendría que estar impulsada por un Ejecutivo con capital político suficiente, que solo Fernando Henrique Cardoso y Lula tuvieron en momentos puntuales”.

El caso Petrobras salpica a los intocables, pero algunos temen que la investigación anticorrupción se ha convertido en un arma pesada y peligrosa, un instrumento de Justicia con tintes policiales. El abogado Antonio Carlos de Almeida Castro, que defiende a Sarney, Jucá y Calheiros, subraya que “la prisión preventiva se ha convertido en una regla” e insiste en que nada en las grabaciones de sus clientes justifica tal medida.