El chavismo busca auditar las firmas de la oposición para revocar a Maduro

La oposición ha logrado sorprender a propios y extraños al informar, al mediodía del lunes en Venezuela, que había entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) 1.850.000 firmas como el primer paso necesario en la maratón que supone un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

Se esperaba que esa entrega ocurriera el martes cuando culminaran de verificar los nombres de las personas dispuestas a atestiguar que las rúbricas, recogidas entre jueves y viernes pasado, les pertenecen. Pero algunos de sus principales voceros temían que las huestes violentas del régimen lo impidieran si el traslado formaba parte de un acto político en el centro de Caracas, considerado por el régimen como una zona que les pertenece. Casi al mismo tiempo el chavismo se presentaba en la sede del árbitro comicial para manifestarle a sus autoridades los derechos que le asistían como parte interesada en un eventual proceso. En dos platos: el Gobierno quiere auditar las planilllas consignadas por sus adversarios.

En la norma que regula los referendos no se establece que los representantes del funcionario cuestionado tengan derecho a revisar las firmas, aunque sí le corresponde tener testigos en los puntos de recolección. El chavismo no se ocupó de vigilar con sus testigos este proceso que culminó la semana pasada. “Tenemos derecho a una auditoría completa y total de las firmas. Se inicia un proceso de transcripción de los datos y nosotros vamos a estar presentes para garantizar que la Constitución y la democracia se están respetando”, afirmó el alcalde del municipio Libertador (Centro-Oeste de Caracas) Jorge Rodríguez a nombre de Maduro.

Rodríguez era rector principal del CNE cuando se celebró el plebiscito de 2004 contra Hugo Chávez y es la eminencia gris del chavismo en el sistema electoral venezolano. Para sus adversarios su petición es el síntoma de que el Gobierno busca retrasar de cualquier modo una elección que al día de hoy perderían por amplio margen. La última encuesta de Venebarómetro, cuya medición data de los primeros días de abril, afirma que si el referéndum revocatorio se organizara el domingo 60,3% de los venezolanos votaría a favor de la salida de Maduro, mientras que un 28,3% no sería partidario de tal decisión.

En las reglas ha quedado establecido que una vez consignadas las cajas con las planillas empiezan a correr cinco días consecutivos para revisarlas. La semana que viene los electores deberán presentarse en el sitio que indique el CNE para cotejar su huella dactilar, mediante un sistema de identificación biométrico similar al que se utiliza en las elecciones venezolanas, con los datos anotados en la planilla. Ese proceso tardará otros cinco días hábiles. Con la reducida semana laboral establecida por órdenes del Ejecutivo para paliar la falta de generación de energía eléctrica, ese proceso culminará en la tercera semana de mayo.

La oposición está consciente de que el Gobierno recurrirá a cualquier ardid para retrasar la consulta hasta volverla intrascendente. La Constitución de Venezuela establece la solicitud del plebiscito de un funcionario electo una vez que cumpla la mitad de su período. En el caso del Presidente de la República se puede iniciar el trámite al tercer año de su gobierno, pero para que esa consulta tenga transcendencia política debe organizarse antes de que cumpla el cuarto año de mandato. Traspasada esa meta, y en caso de que el jefe del Estado sea revocado, la gestión será culminada por un vicepresidente, que en Venezuela se designa a dedo. Por esa razón la Mesa de la Unidad Democrática, que impulsa la iniciativa, está presionando de todas las formas posibles para que la consulta se efectúe en el último mes de 2016 a más tardar.

Que los datos caigan en manos chavistas reedita entre algunos opositores una amarga y trágica experiencia. Las personas que en 2003 solicitaron la convocatoria de un referéndum que determinaría si el entonces presidente Hugo Chávez continuaría en su cargo fueron colocadas en una lista que luego, cuando Chávez fue ratificado en su cargo, se utilizó para practicar el apartheid político.

Muchas personas que aparecieron en ese listado quedaron como parias y condenadas a no contratar con el Estado, ni a ser empleadas, ni a recibir beneficios de los programas sociales que entonces comenzaban con éxito. Pero esta vez ese temor parece haber desaparecido. El día del operativo para recoger las rúbricas se acercaron hasta funcionarios uniformados a avalar la petición de un referéndum. Una reedición de la Lista Tascón, como se le conoce entre las personas que sufrieron discriminación, parece ser el mal menor de quienes desean intentar ganarle una elección presidencial al chavismo por primera vez en 17 años.