El Senado mexicano aprueba una ley contra la tortura

La legislación responsabiliza a los subordinados que cometan tortura por orden de un superior y elimina situaciones de excepción, como la guerra

Leonel y Azael denunciaron tortura por parte de militares en el Estado de México en 2013.
Leonel y Azael denunciaron tortura por parte de militares en el Estado de México en 2013.

El Senado mexicano aprobó la madrugada de este viernes una nueva ley contra la tortura y los malos tratos cometidos por autoridades de los tres órdenes de Gobierno. La legislación responsabiliza a los subordinados que cometan actos de tortura aun cuando lo hagan bajo las órdenes de un superior, y elimina las situaciones de excepción en las que suele tolerarse este tipo de prácticas, como la guerra, los conflictos armados o la suspensión de los derechos civiles.

La 'Ley General contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes' fue aprobada en una sesión de más de 12 horas de la Cámara alta con 90 votos a favor y cuatro en contra, con el objetivo de "establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno" en tratos crueles, inhumanos y degradantes, informó el Senado en un comunicado.

El texto señala que la obediencia de órdenes o instrucciones de un superior no constituye una exclusión del delito de tortura para los implicados, pues dichas órdenes "son ilícitas, por lo que los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas".

"El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial; además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles", explicó la Cámara alta.

Si un funcionario es vinculado a proceso por el delito de tortura, se le impondrá prisión preventiva y será suspendido temporalmente de su cargo "para no afectar la investigación", añadió.

En el caso de que el funcionario sea declarado culpable del delito, se le impondrá una pena que irá de los 10 a los 20 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa. Para los particulares las penas serán de 4 a 12 años de cárcel y de 300 a 600 días de multa.

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Según la iniciativa, "ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con similares efectos", como es el caso del fuero militar.

La aprobación del dictamen por parte del Senado llega pocas semanas después de que saliera a la luz un vídeo que muestra actos de tortura de dos militares y tres policías federales -todos ellos ya bajo proceso penal- a una civil, ocurridos en febrero de 2015 en el estado de Guerrero.

Tras la publicación del vídeo, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió disculpas públicas a la ciudadanía y calificó los hechos como "inadmisibles". Fue la primera vez en la historia de México que el Ejército pedía disculpas por los abusos cometidos.

Dos semanas después de este caso, el general Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel por la tortura, asesinato e inhumación clandestina de un civil, en 2008.  

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