Cuatro policías de la Ciudad de México torturan a unos supuestos ladrones

Cuando le propina un golpe seco en la oreja, el que lo recibe llora. Un policía está pegando ahí y en el abdómen a tres hombres esposados de manos y pies en el suelo. Supuestamente tienen algo de información sobre el atraco a una tienda exclusiva en la Ciudad de México y han decidido que es la manera más rápida de conseguirla. Las autoridades de seguridad mexicanas se enfrentan a un nuevo caso de tortura a civiles por un vídeo que circula en las redes sociales y consolida la falta de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.

Hace apenas una semana, otras imágenes de cómo unos soldados asfixiaban a una mujer abatida en el suelo se hicieron virales. Como los hombres de este vídeo, la mujer lloraba asustada. El miedo a lo que puedan hacer con ellos es mayor al de los golpes.

Las imágenes son del 10 de septiembre de 2014. No están en una sala de interrogatorios, ni existe una justificación para causar ese daño. Los agentes de la Policía Bancaria e Industrial, escogieron a unos supuestos testigos de los hechos para sacarles una declaración a golpes entre los mostradores de la tienda Liverpool.

Los cuatro han sido suspendidos de su cargo, según informa la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Después de que este viernes se hiciera público el vídeo en Youtube, los agentes han declarado y se someterán a un juicio en Consejo de Honor y Justicia que decidirá si conservan o no su puesto de trabajo. La Dirección General de Asuntos Internos ya ha propuesto que sean destituidos. Paralelo a este juicio interno, la fiscalía de la capital también está investigando el caso.

El abogado penalista Ricardo Sánchez señala que el delito que les pueden imputar a los policías es el de abuso de autoridad. "La tortura es lo que ellos emplean para cometer el delito de abuso, que es más grave, ellos no están repeliendo una agresión, no hay una causa legítima para provocar ese daño". La pena a la que se enfrentan es de uno a seis años de cárcel. Pero, a no ser que se incremente la pena por algunos agravantes, podrían tener libertad bajo fianza.