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El Gobierno mexicano sale en bloque a pedir disculpas por la tortura

Después del jefe del Ejército, los responsables federales de policía y derechos humanos piden perdón por el video en que militares y policías torturan a una joven

Renato Sales y Roberto Campa, responsables federales de seguridad y derechos humanos en México, se disculparon este lunes en nombre del Gobierno, por los actos de tortura cometidos por militares y policías en contra de una joven, en un pueblo de Guerrero.

La semana pasada, la opinión pública mexicana atestiguaba el contenido de un video de apenas cuatro minutos, en que una cabo y una agente de la policía federal torturaban a una mujer de 21 años para sacarle información. Además de apuntarle en el cráneo con un fusil, ambas le cubrían la cabeza con una bolsa, asfixiándola durante unos segundos; luego la amenazaban con darle toques, descargas eléctricas, o con echarle agua en una franela con que le habían cubierto la cara antes de la bolsa, y así provocarle sensación de asfixia.

El vídeo, que se grabó en febrero del año pasado, se compartió rápidamente en redes sociales y el viernes a mediodía abría noticieros y medios digitales de todo el país. Al día siguiente, el secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos, calificaba de “repugnante” el episodio y declaraba que “quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen no sólo incumplen la ley, sino que no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”. Cienfuegos habló así en un acto de la secretaría ante 26.000 militares.

Este lunes han sido Sales y Campa quienes han condenado la actuación de las fuerzas de seguridad, durante en un acto en San Luis Potosí. Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad y responsable por tanto de la estrategia de seguridad a nivel nacional, ha dicho que este tipo de acto es “intolerable” y que “procede pedir perdón y asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan”. Campa, subsecretario de derechos humanos, dependiente del ministerio de Interior, ha abundado en que sucesos así son intolerables y ha señalado que es el momento de erradicar la tortura en todas las corporaciones del país.

Hasta el momento hay dos militares presos por el vídeo, procesados por la justicia militar y tres policías federales suspendidos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó el viernes además de que supo del vídeo en diciembre pasado, momento en que abrió una investigación. La fiscalía federal inició igualmente sus pesquisas en enero, pero de momento no ha levantado acusaciones.

El vídeo trasciende en un momento en que la comunidad internacional consolida sus sospechas sobre el actuar deficiente de las autoridades mexicanas, en la crisis de derechos humanos que vive el país. La semana pasada, la canciller alemana, Angela Merkel, incluso ofrecía ayuda al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en septiembre de 2014. Justo en esos días trascendían las desavenencias entre el Gobierno y la comisión internacional de expertos que investiga el asunto, auspiciada por la OEA. Desde hace meses, los expertos denuncian veladamente los intentos de sabotaje que sufren por parte de algunos sectores del Gobierno. En todo caso, ha pasado año y medio y el Ejecutivo de Peña Nieto se muestra incapaz de cerrar un caso, que muestra la colaboración entre el crimen organizado y corporaciones de policía municipales y federales.

El año pasado, el relator de Naciones Unidas sobre tortura, Juan Méndez, publicaba un informe devastador de la situación en México, al afirmar que la tortura en el país era generalizada. Las autoridades no se disculparon entonces, sino que negaron al relator, negando sus argumentos. Cuando Méndez pidió al Gobierno visitar de nuevo el país para componer un nuevo informe a finales del año pasado, el Ejecutivo le negó el permiso.

Igual que Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, informó el mes pasado de que las fuerzas de seguridad en México no rinden cuentas, lo que “facilita el uso excesivo de la fuerza letal así como la impunidad en incidentes de violación a los derechos humanos”.