El Gobierno de Rousseff llegó a su fin antes de que se vote la destitución

¿Qué motiva los procesos de destitución en América Latina en las últimas décadas? ¿La destitución se ha convertido en una nueva forma de inestabilidad política, en sustitución de los golpes militares tradicionales?

Blanco de un proceso de destitución por parte del Congreso de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff asumió una posición y transformó el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, en un búnker para recibir a sus aliados. Allí, ante los micrófonos, anuncia un golpe, que sería cometido por antiguos aliados políticos y miembros de la Policía Federal, de la Fiscalía y del Poder Judicial, responsables de una investigación “politizada”. Para los juristas, el propio hecho de convertir el Gobierno en una tribuna sería ilegal.

Pero cabe preguntar qué motivos políticos llevan a un proceso de destitución. Si se respeta la ley y hay razones para la destitución, ¿qué diferencia a un gobernante que consigue mantenerse en el poder de aquellos a los que efectivamente se destituye?

Hay quienes apuestan por una fuerte división entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Cuando hay se produce un conflicto extremo entre los dos poderes, uno busca desestabilizar al otro, generando, así, una crisis política que puede llevar a un proceso de destitución. Aníbal Pérez-Liñán dice la destitución es una forma extrema de quiebre política, porque transforma la suerte del político más exitoso del país en un modelo de derrota. Para él, las crisis gubernamentales son la ruptura de un régimen “consistente con un modelo de accountability espasmódico, en el que los controles institucionales se activan solo cuando una administración cae en desgracia”.

Es importante aportar al debate dos conceptos. El primero es el de accountability. Los datos disponibles para diferentes países señalan que una crisis política gana fuerza cuando una buena parte de la población cree que el gobernante —en el caso de Brasil y de los países de América Latina, el presidente— no fue lo suficientemente responsabilizado por sus actos durante las elecciones. Este parece ser el caso actual de la presidenta Dilma Rousseff. No son pocas las personas que la acusan de haber mentido durante las elecciones, de haber cometido un fraude. Por este motivo, debería ser penalizada.

¿Qué diferencia a un gobernante que consigue mantenerse en el poder de aquellos a los que efectivamente se destituye?

Este concepto también está en la base del argumento en contra de las llamadas pedaleadas fiscales, la contabilidad creativa de la que se acusa al Gobierno. Esta práctica habría servido para esconder la verdadera situación económica del país, perjudicando la economía a propósito, con la intención de ganar las elecciones de 2014, motivo por el cual Rousseff debe ser responsabilizada políticamente y en otras instancias.

La situación de Rousseff es diferente de la vivida por su antecesor y líder político, Luiz Inácio Lula da Silva. En 2005, en el auge de la crisis del llamado Mensalão, la mayor parte de la población creía que Lula no debería ser castigado por el escándalo y, por eso, no debería sufrir un proceso de destitución. Es lo contrario en el caso de Rousseff.

Otro elemento contribuye a esta diferencia. Es la percepción del Estado de Derecho., Las posibilidades de que surja una crisis política son mayores cuando existe la percepción de que no se está siguiendo la ley como se debería. En 2005 hubo un escándalo del Mensalão. Ahora se produce el escándalo del Petrolão. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?

Además de las sumas de dinero, mucho más elevadas en el escándalo actual, pues alcanzan los miles de millones de dólares en desvíos, existen otros factores, tales como la fatiga con la sucesión de escándalos, y sobre todo, la mayor facilidad de comprensión del caso actual. Después de todo, se pueden observar las pérdidas constantes de Petrobras, así como ejemplos concretos de corrupción, por ejemplo la compra de inmuebles y las confesiones de grandes empresarios, entre otros factores.

La sensación de falta de accountability en relación con la presidenta y de débil Estado de Derecho llevan a una presión mayor de la sociedad sobre el Congreso y sobre los parlamentarios. En el caso de Brasil, hay muchos ejemplos de congresistas que han pasado a recibir presiones de sus electores para que voten a favor de la destitución. Por otra parte, el Gobierno ha pasado a negociar cargos a cambio de votos, lo que no ha hecho más que reforzar la visión de poca rendición de cuentas y escaso respeto a las leyes. Un diputado llegó a recibir presión de su hija, que le pidió de regalo de cumpleaños que votase a favor de la destitución. Incluso si el Gobierno gana la votación, será difícil contradecir la visión de que eso se produjo mediante el intercambio de votos por cargos y favores, lo que reforzará las percepciones negativas.

Esta presión se traduce en la visión del Congreso con respecto a Rousseff y su Gobierno. En encuestas realizadas en la Cámara de los Diputados, en febrero y marzo, JOTA.info captó el sentimiento. La nota media dada por los parlamentarios al Gobierno Rousseff cayó de 3,7 a 3 de un mes a otro. Por su parte, la nota dada por los congresistas a la relación entre el Gobierno Rousseff y el Congreso cayó de 3,9 a 3,1. Con una evaluación como esa entre los diputados, no hay Gobierno capaz de gobernar. Con o sin proceso de destitución.

Fernando Mello, máster por la Universidad de Georgetown, es socio y director del área de análisis de riesgo político del portal Jota.info

Traducción: Óscar Curros