Panamá creará un panel de expertos para mejorar la transparencia de sus empresas

Las reacciones del Gobierno panameño tras la filtración de los documentos del despacho Mossak Fonseca oscilan entre el cierre de filas con su próspero sistema de negocios y la mano tendida para colaborar con la comunidad internacional. Por un lado, insisten en que la responsabilidad en caso de evasión fiscal o blanqueo de dinero no es de Panamá –que cumple con sus leyes– si no de los propietarios extranjeros de las empresas que incumplen las normas de sus países. A la vez, subrayan los avances en transparencia de su sistema empresarial y bancario, como la reciente aprobación de una legislación anti blanqueo o la formación de un grupo de expertos internacionales que evalúen el sistema offshore panameño.

“Crearemos una comisión independiente que evalúe nuestras prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que compartiremos con otros países del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales”, anunció el presidente Juan Carlos Varela este miércoles tras reunirse con las delegaciones diplomáticas del país.

La filtración de más 11 millones de documentos de uno de los despachos más fuertes del mundo en el manejo de sociedades offshore –empresas que permiten a sus dueños operar internacionalmente casi con total anonimato– ha vuelto a poner sobre la mesa de la comunidad internacional la necesidad de taponar los agujeros de la opacidad financiera global. Varios países han puesto ya a funcionar sus maquinarias de justicia para determinar los posibles delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal cometidos a través de las redes de empresas de papel levantadas por el despacho panameño tanto en su jurisdicción como, sobre todo, en otros territorios con legislaciones muy laxas como las Islas Vírgenes Británicas. La propia fiscalía panameña ha iniciado investigaciones al respecto. 

Pese a los avances llevados a cabo por Panamá en los últimos años, que le han permitido por ejemplo salir recientemente de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, el país centroamericano sigue en el punto de mira de organismos internacionales como la OCDE, el FMI o la Comisión Europea, que le exigen una mayor apertura del secreto financiero que impera en el país.

La legislación panameña –de la que suele colgar el adjetivo de paraíso fiscal– ha sido un incentivo tradicional para la llegada de los grandes capitales internacionales. El sector bancario panameño registró el año pasado activos totales por 118.477 millones de dólares colocándose como uno de los centros financieros punteros mundialmente.