México niega estar tras los ataques a la CIDH y los expertos de Ayotzinapa

El Gobierno de Enrique Peña Nieto negó este jueves “enfáticamente” ser el responsable en la sombra de una campaña de desprestigio en México contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y el grupo de expertos internacionales organizados por este organismo para analizar la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, el GIEI.

“No hay ninguna campaña del Estado mexicano ni contra el GIEI ni contra la CIDH”, afirmó el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Miguel Ruiz Cabañas, en Washington. Lo repitió hasta tres veces en la sede de la CIDH, que dedicó este jueves varias audiencias a analizar la situación de derechos humanos y de la libertad de expresión en México.

Una reiteración que no estuvo de más. Solo un día antes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) había roto relaciones con la Procuraduría General de la República (PGR), al frente del caso de Ayotzinapa. La semana pasada, Álvarez Icaza había advertido de que su país corría peligro de caer en una “regresión al México autoritario” por no descartar de inmediato —entretanto ya lo ha hecho— una denuncia “temeraria e infundada” en su contra en relación con el trabajo del GIEI. Y a comienzos de marzo, México acusó a toda la CIDH de tener una postura “sesgada” ante el país, después de que el organismo advirtiera en un informe de una “grave crisis de derechos humanos e impunidad” en México.

En general, a los comisionados de la CIDH se les ha acabado la paciencia ante lo que perciben como un ataque a todo el organismo tras el que ven, en último término, la mano del Estado.

“La Comisión acaba de recibir un fuerte ataque de las autoridades públicas de México”, afirmó el comisionado Paulo Vanucchi, para quien la denuncia contra Álvarez Icaza es un “ataque un poco cobarde” por centrarse solo en una persona, y que ha provocado un “daño irreparable” al secretario ejecutivo.

El también comisionado Enrique Gil Botero se declaró por su parte “desconcertado” por la dura respuesta oficial mexicana al informe sobre el país. “Desconocer que hay situaciones de violación de derechos humanos en nuestros países, de una manera desafortunadamente más acentuada en México, sería quebrantar el principio de realidad, y esa es una de las primeras manifestaciones de esquizofrenia”, advirtió.

El Gobierno mexicano intentó durante su alocución no sacar a relucir el diferendo por el GIEI, pero finalmente Cabañas no pudo evitar tener que responder a preguntas de la prensa sobre ello.

El alto funcionario aseguró que el Gobierno mexicano ha cumplido “cabalmente” con las disposiciones necesarias para que trabajara el GIEI, pero confirmó que para el Ejecutivo, su mandato debe concluir a finales de este mes.

“Estamos a la espera de sus recomendaciones finales y las veremos con mucho interés, como ha sido hasta ahora, estamos muy satisfechos con todo el trabajo que ha hecho el GIEI”, aseguró. Dicho lo cual, y ante la pregunta de por qué la Procuraduría difundió por su cuenta y antes de informar a las familias una investigación sobre el incendio en el basurero de Cocula que respalda la versión oficial —motivo que ha provocado la ruptura de relaciones del GIEI—, Cabañas defendió la actuación oficial en aras, adujo, del derecho a la información de la población.

“Fue dar a conocer a la población información muy importante donde no importa la forma, importa el fondo”, sostuvo el subsecretario, que recordó que la “responsabilidad” de la investigación está en la Procuraduría, no en organismos externos.

El largo análisis de la situación de derechos en México continuó con una audiencia sobre “acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de expresión en México” ante la que se personó Carmen Aristegui. La conocida periodista mexicana fue despedida hace un año de la emisora MVS tras destapar el escándalo inmobiliario de la esposa de Peña Nieto, un acto en el que Aristegui responsabiliza al Gobierno mexicano.

“Había una vez una Casa Blanca en un barrio lujoso de la Ciudad de México, en posesión de un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura”, declaró la periodista, quien junto con otras organizaciones de derechos civiles solicitó al relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, que visite México. Este aseguró que ya ha empezado el proceso para solicitar la visita y manifestó su esperanza de que pueda cumplirse en septiembre.