La misteriosa muerte del cabo preso Otáñez en una cárcel militar mexicana

La fiscalía militar mexicana investiga el homicidio del cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez, ocurrido el pasado enero. El asesinato del cabo Otáñez es notable porque sucedió al interior de la prisión militar, con sede en Naucalpan, a escasos kilómetros de la Ciudad de México. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, "desde la creación del centro penitenciario, hasta la fecha no se tenía registrado alguna riña en donde se privara de la vida a algún interno". 

Hace dos semanas, la revista Proceso divulgaba la noticia de la muerte del cabo Otáñez. El texto "Campo Militar No. 1: el trasfondo del soldado asesinado" explicaba que Aguilar Otáñez estaba preso por "tortura sexual en agravio de Inés Fernández Ortega", una indígena de la etnia mep'haa, en el año 2002. Un juzgado de Acapulco, la capital turística del pacífico mexicano, seguía el proceso contra el cabo Otáñez y otro soldado, que habría participado igualmente en la agresión. El pasado enero, de acuerdo a Proceso, el Ejército habría notificado el asesinato del cabo Otáñez al juez que llevaba su caso: "Otáñez (...) perdió la vida como consecuencia de heridas penetrantes en tórax por objeto punzocortante". 

De momento no han trascendido mayores detalles de la riña en que perdió la vida el cabo. En su comunicado, la Sedena ha informado de que se han "intensificado los rondines externos, así como en el área de internos, que comprende los talleres, dormitorios, áreas comunes, de visita y deportivas. En la última lista del día (...) se lleva a cabo una revista corporal al personal de internos y sus pertenencias personales, con el fin de verificar que no tengan en su poder objetos prohibidos que pongan en riesgo su integridad física".

Ubicada en el Campo Militar número 1, hogar de soldados y oficiales, sede de escuelas, batallones y juzgados castrenses, la prisión militar no padece los problemas que sufren los centros penitenciarios civiles en México. La muerte de 49 reos el pasado febrero en un penal de Monterrey, al norte del país, ilustraba una realidad ignorada hasta entonces: grupos de presos, muchas veces adscritos a organizaciones delictivas que operan al exterior, dominan los penales. En un informe presentado el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluía que el hacinamiento y la corrupción eran comunes en el sistema penitenciario mexicano.

En el caso de la prisión militar, donde soldados custodian a soldados, oficiales y jefes, la historia es distinta. Y sin embargo, un preso ha matado a otro preso con un objeto afilado.