Sólo un militar atendía las cámaras de seguridad la noche de Iguala

La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron agredidos por policías municipales aliados con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, tan solo un militar estaba en el puesto de control para observar parte de lo que sucedía desde las cámaras de seguridad. El sargento asignado al Centro de Comando de Iguala, un sistema de coordinación de seguridad donde hay presencia de la policía municipal, estatal, federal y de la Defensa Nacional, era el único encargado aquella noche de monitorear las cuatro cámaras de videovigilancia ubicadas en diversos puntos de la ciudad.

El integrante del Ejército dijo en su declaración ministerial, obtenida por este medio vía ley de transparencia, que desde semanas atrás los miembros de las otras corporaciones no acudían a realizar las labores de monitoreo de las cámaras. “El 26 de septiembre únicamente me encontraba yo monitoreando las cámaras de seguridad”, mencionó en el testimonio hecho el 26 de agosto de 2015 ante la fiscalía mexicana.

El centro de comando operaba de dos formas: en un área los agentes de los tres niveles de gobierno acompañados de un miembro del Ejército observaban lo que ocurría en la ciudad a través de las cámaras de seguridad instaladas en diversos puntos. Esa noche sólo funcionaban cuatro de las 25 cámaras colocadas en la ciudad. En un área contigua, pero en las mismas instalaciones, otros policías y militares se encargan de recibir los reportes telefónicos.

El soldado al cargo de las cámaras  realizó al menos nueve llamadas al oficial de inteligencia

La noche del 26 de septiembre, el soldado que estaba a cargo de las cámaras, fue advertido por un policía estatal –asignado al área de reportes- que estuviera pendiente porque se había recibido una denuncia sobre el robo de varios autobuses. “Me preguntó si no había una cámara cerca de la central camionera para observar”, relata el militar. Aunque había una, era una de las que no servía desde meses atrás. Desde ese momento se concentró en observar lo que ocurría cerca de la central de autobuses a través de otra cámara que captaba lo ocurrido sobre la calle Juan. N. Álvarez, una de las avenidas principales.

Unas horas después se percató que tres patrullas de color azul con blanco pasaron en dirección a Periférico Norte. “En la camionera de en medio viajan personas de civil en la batea de las camionetas de la policía municipal”, contó. Sin embargo no le prestó importancia porque pensó que la policía atendía una denuncia común. “Los eventos que señalé se me hicieron ordinarios”, agregó. Según la Fiscalía en esas camionetas los policías locales trasladaron a los normalistas hasta el punto conocido como Loma del Coyote, donde fueron entregados al grupo criminal. De ahí, según la versión de la Fiscalía y cuestionada por los familiares y grupos de expertos internacionales, los jóvenes fueron llevados al basurero de Cocula, los ejecutaron y quemaron sus cuerpos en una hoguera gigante.

La cacería en contra de los jóvenes desatada la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, donde 43 normalistas desaparecieron y otras seis personas murieron, fue presenciada por el Ejército. Desde las 19.00 horas del 26 que comenzó la persecución, el soldado adscrito al área de reportes en el realizó al menos nueve llamadas al oficial de inteligencia que estaba en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala. Este a su vez le daba aviso al coronel. “De inmediato y como en todas las llamadas que recibo le informé a mi superior el coronel José Rodríguez Pérez”. Las notificaciones a los mandos superiores de la milicia fueron para avisarles del enfrentamiento entre policías y normalistas, sobre los heridos que se habían escondido en el hospital General y la clínica Cristina y del ataque al autobús donde viajaban los jugadores del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.

Las declaraciones de los militares muestran la pasividad del Ejército. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sostiene que la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil. El grupo de expertos internacionales (GIEI) que investiga el caso ha cuestionado que ninguna de las autoridades que tuvo conocimiento de lo que ocurría esa noche intervino. Los investigadores también han pedido entrevistar a los militares, pero el Gobierno mexicano se ha negado.