Acontecimiento centinela

El 6 de septiembre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su primer informe sobre el caso Ayotzinapa. Basándose en datos del Gobierno mexicano, ofreció una narrativa más completa de los sucesos y desmontó la hipótesis de la Procuraduría acerca de que los cuerpos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. De acuerdo con sus datos, mandos políticos, policiacos y militares, posiblemente coludidos con el crimen organizado, intervinieron en la persecución de los estudiantes.

Este notable avance hizo que los trabajos del GIEI se ampliaran a abril de 2016; la Procuraduría cambió de titular, y se esperó a que, al fin, se esclarecieran los sucesos de la amarga noche del 26 septiembre de 2014.

El GIEI no debe impartir justicia; su función consiste en evaluar informaciones y sugerir líneas de investigación

El GIEI no debe impartir justicia; su función consiste en evaluar informaciones y sugerir líneas de investigación. Quien debe responder es la Procuraduría. Ya sea por el descrédito de esa institución o por la novedad de condenar a otros actores, las exigencias se han desplazado a los asesores internacionales. En días recientes, el GIEI ha conocido la versión moderna de la guerra florida azteca: el linchamiento mediático.

Para continuar su indagación resulta imprescindible acceder a datos a que aún se desconocen. Uno de ellos es la participación del Ejército en los hechos. Si los 43 desaparecidos fueron incinerados, es necesario revisar los hornos crematorios de la zona, algunos de ellos bajo control militar.

“No puedo permitir que interroguen a mis soldados”, ha dicho el general Salvador Cienfuegos, titular de Defensa, como si interrogarlos significara incriminarlos, y ha subrayado que los expertos no son mexicanos. “Mas si osare un extraño enemigo…”, dice la exaltada letra de nuestro himno. El divisionario parece invocarla para no rendirse al extranjero.

Uno de los saldos más trágicos de lo que sucede en el Estado de Guerrero es que la violencia aumentó después de la desaparición de los 43. En uno de los cuentos protagonizados por el padre Brown, Chesterton refiere la historia de un militar que comete un asesinato y luego desata una batalla para ocultar su crimen entre otras muertes. En la violenta confusión de Guerrero, buscar un cadáver significa encontrar cementerios enteros.

El GIEI generó espacios de confianza entre los padres de las víctimas y el Gobierno, y abrió la expectativa de una posible solución institucional. Ese capital se evaporó demasiado pronto en la desgarrada sociedad mexicana. El grupo se queja de no contar con suficiente información y la Procuraduría niega que así sea. La relación entre quienes buscan nuevas pistas y quienes deben impartir justicia se ha desgastado, acaso de manera irreversible. Si el GIEI no puede ofrecer una versión más completa de los hechos, deberá decir claramente qué obstáculos concretos enfrentó, convirtiendo su último informe en un diagnóstico sobre los límites del sistema judicial mexicano.

Carlos Martín Beristain, doctor en psicología y miembro del GIEI, usa la expresión “acontecimiento centinela” para describir un suceso que representa un síntoma de otro mayor. Ayotzinapa ha sido eso, el brote de una enfermedad que ataca al país entero.

Hace décadas el periodismo mexicano tenía tres temas tabú: el presidente, el Ejército y la Virgen de Guadalupe. Los dislates presidenciales hicieron que sólo dos quedaran en pie.

Durante su visita a México, el papa Francisco recibió numerosas peticiones, entre otras la de hablar de Ayotzinapa. En el país del secreto, donde el Ejército actúa sin declarar, se espera que el Pontífice actúe como fiscal y vocero divino.

¿Podemos acceder al milagro de la verdad? Quizá, mientras estuvo a solas en el camarín de la Virgen, el Papa rezó para que, al modo mexicano, esa grave encomienda fuera resuelta por una invisible instancia superior.