La mitad de los Estados mexicanos considera el aborto un homicidio

En el año 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización del aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación, y en 2008 el Supremo decidió que esta legislación es constitucional. A partir de esta histórica declaración se desató en el país una ola de reformas a las legislaciones estatales para proteger la vida desde su concepción, lo que impide a una mujer interrumpir su embarazo sin estar cometiendo un homicidio. La jurisprudencia establecida por la Corte, lejos de generar más legalizaciones del aborto, provocó en México un boicot general desde los congresos locales.

El más reciente intento por proteger la vida desde la fecundación del óvulo ocurrió en Veracruz en enero pasado, cuando el congreso local aprobó en una primera fase el proyecto presentado por el gobernador Javier Duarte, a petición del grupo cristiano CitizenGo. La iniciativa destacó por haber sido impulsada por Duarte, quien no goza de buen prestigio como mandatario, pero no es un caso único en el país: antes de éste, los congresos de 17 Estados habían reformado sus constituciones para establecer el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”, de manera que si Veracruz aprueba en segunda ronda el proyecto, serán 18 de 32 las entidades mexicanas que criminalizan la interrupción del embarazo.

El congreso veracruzano rechazó que se trate de una iniciativa antiaborto, argumentando que el proyecto no menciona esta práctica ni modifica el Código Penal del Estado, pero según el constitucionalista Diego Valadés, una vez protegido el derecho a la vida desde la fecundación, cualquier atentado contra ella se convierte en homicidio calificado porque es la privación de la vida de otra persona.

“La reforma no solo es una afrenta a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sino ahora además se entra en franco desafío con relación a otras disposiciones constitucionales”, advirtió el investigador de la Universidad Nacional y exfiscal general. Las disposiciones que contraviene esta protección a la vida desde la concepción son, justamente, las establecidas por el Supremo cuando declaró constitucional el aborto legal en la capital del país.

La jurisprudencia creada por la Suprema Corte significa que, al reconocer que la despenalización del aborto en la Ciudad de México es constitucional, sienta el precedente de legalidad para que el resto del país pueda despenalizarlo también, y reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo que debería tener eco en otros estados, pues “la carta magna del país se impone a todas las demás, el principio de progresividad significa que los derechos que se le reconocen a uno se le deben reconocer a los demás”, explicó el jurista.

Una vez reconocido este derecho por el Supremo, las mujeres de otros estados podrían hacer uso del recurso y pedir permiso para abortar, una vez negado (porque es ilegal) solicitar un amparo y llegar hasta la Corte para que ésta avale su derecho a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, una mujer no puede esperar a llevar a cabo todo este proceso mientras la gestación continúa, lo que imposibilita esta alternativa.

“Estas reformas tienen la intención de limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, además de servir como obstáculo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar el aborto”, suscribe la organización GIRE, la más reconocida en México en materia de derechos reproductivos.

En su más reciente informe sobre violencia obstétrica, GIRE coincide con Diego Valadés en que la protección absoluta de un derecho (a la vida) no es posible si ello implica la negación del ejercicio de otro (el de las mujeres a decidir sobre su cuerpo), y aunque la Corte garantice a las mujeres este derecho, las legislaciones en el país no avanzan hacia su garantía sino hacia su restricción.